El Govern fía a la renta garantizada la lucha contra la pobreza en Cataluña

El Ejecutivo catalán ha comparecido esta tarde en el Parlament para explicar el grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el pleno monográfico sobre la emergencia social y la pobreza. El Govern ha aprovechado para sacar pecho del acuerdo que permitirá poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía el próximo otoño, una prestación que la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa ha puesto como la punta de lanza para la lucha contra la pobreza. El Gobierno catalán, sin embargo, ha pasado de puntillas por otros aspectos como su incapacidad para hacer que las compañías cumplan con la ley contra la pobreza energética.

La intervención del Govern se ha dividido entre las comparecencias del presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, la consejera de Presidencia, Neus Munté, y de la titular de Trabajo y Asuntos Sociales. Las 273 medidas contenidas en la resolución se han cumplido en un 85%, según ha explicado Munté. “Tenemos un déficit fiscal brutal, el 8% de la riqueza que creamos en este país se va y no vuelve”, ha asegurado Puigdemont. “Y el déficit fiscal es un déficit social”, ha añadido el presidente.

Junqueras, por su parte, ha desglosado las buenas perspectivas para la economía catalana que, según ha explicado, acabarán por mejorar las condiciones de vida. El vicepresidente ha puesto el acento en los tres años y medio de crecimiento intertrimestral del PIB y la caída del desempleo. También ha recordado que los Presupuestos aprobados hace unos meses incluyen, por ejemplo, un aumento de 625 millones de euros para Enseñanza o de 408 millones de euros para el sistema sanitario. El gasto social, ha asegurado, equivale al 74% del Presupuesto de la Generalitat.

Munté ha recordado el cambio en los baremos para otorgar las becas comedor, una de las medidas contenidas en las resoluciones del pleno de la pobreza, o la puesta en marcha por cuarto año consecutivo de un dispositivo especial en verano para atender a los menores más vulnerables. La portavoz, sin embargo, ha pasado de puntillas por otro de los puntos en los que las entidades sociales siempre han insistido, la lucha contra la pobreza energética. La Generalitat no ha logrado hacer que ninguna compañía eléctrica firme los convenios que permitan cumplir la ley contra la pobreza energética.

Bassa, por su parte, ha sacado pecho del acuerdo para impulsar la renta garantizada y ha recordado que implicará un cambio en la concepción del sistema de ayudas sociales. “Cambiará todo totalmente, implica el empoderamiento de las personas”, ha asegurado la consejera. La redacción de la ley aún no se ha completado pero Bassa se ha mostrado confiada de que el trámite permita ponerla en marcha en septiembre de este año.

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