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El grupo Popular pide al Gobierno aplazar el nuevo impuesto al plástico hasta enero de 2024

El grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a un proyecto de ley sobre cesión de tributos en tramitación parlamentaria para intentar que el Gobierno aplace un año, hasta 2024, el nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables que está previsto que entre en vigor el próximo 1 de enero.

El PP considera «precipitada» la implantación del tributo a partir del próximo enero, como se recoge en la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular en vigor desde este año, y, además, el grupo Popular advierte de que «llega en el peor momento tanto para el sector como para los consumidores».

En una nota, el grupo pide el aplazamiento de este tributo para «no encarecer aún más los alimentos, ya muy afectados por el IPC, y evitar un perjuicio extra a las familias españolas». «España sería el único país de la Unión Europea en poner en marcha un impuesto de esta naturaleza de forma inmediata, tras la reciente decisión adoptada por Italia de retrasarlo», advierte el grupo en una nota de prensa.

Según la enmienda registrada en el Parlamento por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, “la entrada en vigor del nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables causará un encarecimiento adicional de numerosos alimentos ya muy afectados por la continua elevación de precios en los últimos meses”. Por otro lado, añade, «la precipitación ha caracterizado la implantación de este tributo, lo que ha provocado reiteradas quejas de los sectores más directamente afectados que denuncian improvisación y falta de información para su adecuada implantación el próximo 1 de enero”.

El grupo Popular recuerda que «el proyecto de presupuestos Generales del Estado para 2023 estima en 456 millones de euros la recaudación que podría generar este nuevo gravamen, un importe que se trasladaría en su totalidad a los compradores dada su naturaleza de impuesto indirecto». «Esta es la razón principal que ha llevado a todos los gobiernos europeos a descartar o aplazar indefinidamente la implantación de tributos similares», añade. Además, empresas y expertos han expresado públicamente sus quejas por las dificultades de gestión y las numerosas dudas técnicas que se están planteando a última hora ante una norma singularmente compleja en su diseño y aplicación, según la nota.