El independentismo acelera la ley de desconexión

“Nada ha cambiado, incluso salimos reforzados”. Los atentados del 17 de agosto frenaron en seco la agenda política pero no cambiaron los planes del independentismo. El 1 de octubre sigue marcado en rojo en el calendario y el camino hacia la consulta avanza no sin incógnitas. La proposición de ley del referéndum sigue pendiente de ser admitida a trámite por la Mesa del Parlament y en el bloque independentista hay diferencias sobre el siguiente paso.

“Puede haber diferentes sensibilidades, pero se tomarán decisiones por motivos tácticos y de oportunidad”. Según fuentes parlamentarias, Carme Forcadell es reticente a someter la Cámara a un bloqueo judicial, situación con la que comulgaría el PDECat, desde donde se ha abierto la puerta a que la norma sea tramitada como decreto ley. De esta forma, el Govern podría amparar la convocatoria del referéndum incluso sin la convalidación del Parlament. Mientras, desde ERC y la CUP se considera más adecuado que una norma de tal calado debe “emanar de la soberanía popular” que representa el Parlament.

En cualquier caso, el plan es contar con la norma aprobada, ya sea en el pleno que arranca el 6 de septiembre con una tramitación superexpréss –admisión a trámite y variación del orden del día del pleno en base al artículo 81.3 del Reglamento– o en una reunión del Consell Executiu que de luz verde a un decreto ley.

Pero esta semana se abrirá un nuevo frente con la denominada ley de desconexión. El bloque independentista hara´público este lunes al mediodía el contenido de la norma de transitoriedad jurídica y resolver en sus particulares órganos de decisión si se aprueba antes o después del 1 de octubre. También ahí hay “sensibilidades” para todos los gustos. La CUP ha reclamado que ambas leyes estén listas antes de la Diada y los republicanos consideran que “lo lógico” es que la norma esté aprobada antes del día del referéndum para tener el escenario legal posterior cubierto. De nuevo, el PDECat defiende que la norma espere al resultado de la consulta.

Lo que sí tienen claro los socios en el Govern es que los atentados ponen “más difícil” la respuesta del Ejecutivo central. Fuentes del Govern señalan que Catalunya se ha mostrado al mundo como una sociedad que “sabe reaccionar a la barbarie” del terrorismo y los Mossos han logrado la “homologación” como policía integral a ojos de toda la sociedad catalana. Ahora, “nadie se imagina a la policía catalana requisando urnas ni deteniendo a cargos electos”.

También en los próximos días estará sobre la mesa la respuesta a las investigaciones desplegadas por la Guardia Civil contra altos cargos del Govern a quienes se atribuyen delitos de sedición sin intervención judicial. Desde ERC se defiende que debe existir una posición clara y conjunta que pasaría por acudir a la Comandancia de la Guardia Civil cuando se reciba la citación, pero no declarar si no es ante el juez.

Los partidos de la oposición dan por hecho que el bloque independentista intentará recuperar cuanto antes el ritmo del proceso. “Están desorientados, las discrepancias internas sobre la estrategia que seguir entre la PDECat, ERC y la CUP son cada vez más evidentes, como las diferencias entre la PDECat y el presidente Puigdemont y su núcleo duro”, señala la dirigente de Cs y líder de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cree que el Govern acabará decantándose por la vía parlamentaria para aprobar la ley del Referéndum y la de Transitoriedad, ya que les dota de mayor “legitimidad ante los ojos de su electorado”.

El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, subraya los cambios de guion de los últimos meses, que atribuye al nerviosismo por la “debilidad del proyecto” independentista. Mientras, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, cree que “se están quedando solos con los más radicales”. Coinciden todos en que el proceso tiene las horas contadas y que se convocarán elecciones. “Plantear una desobediencia frontal al Estado en el actual escenario, con los Mossos colaborando como policía judicial en la investigación de la Audiencia Nacional por el 17-A, parece difícil de sostener y explicar”, afirma una fuente parlamentaria.

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