El independentismo y el Estado se preparan para el choque

Velando armas, politicamente hablando. Así están los cuarteles generales de los partidos independentistas por un lado, y del Gobierno y el PSOE por otro, a la espera de que este jueves venza el segundo plazo dado por Mariano Rajoy a Carles Puigdemont para que se sitúe dentro de la legalidad constitucional. Pero la pregunta de si declaró o no la independencia el día 10 en el Parlament seguirá sin respuesta clara. O mejor dicho, con una respuesta en forma de enésima invitación al diálogo.

Un diálogo que de entrada tiene una fecha de caducidad, dos meses, pero que puede quedar reducido en el tiempo si el bloque independentista ve cómo se activan los mecanimos del Estado para la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, el que permite suprimir en parte o totalmente el autogobierno de una comunidad autónoma.

Fuentes del bloque independentista en el Parlament apuntan cada vez con más vehemencia a la posibilidad real de un pleno antes de que el Senado certifique la aplicación del 155. Un pleno que debería servir para, esta vez sí, declarar la independencia de Catalunya de forma rotunda, en base al documento que firmó en Govern y los diputados de Junts pel Sí y la CUP en el que se afirma: “Nosotros, los representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya [el pasado día 1 en el referéndum de independencia] constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”.

Diálogo frente a represión

Todos preparan sus estrategias sin dar un paso atrás. El PDECat reúne este miércoles a su consejo nacional, máximo órgano entre congresos, y el Govern ha afirmado este martes que no dará un paso atrás. Jordi Turull, portavoz del Ejecutivo, dijo que se tomarán “medidas” (no dijo cuáles, no descartó ni confirmó la hipótesis de declarar formalmente ya la secesión, ni la de convocar elecciones constituyentes) si el Estado responde a la oferta de diálogo de Puigdemont con el artículo 155 de la Constitución.

Turull ha puesto como ejemplo de la represión del Gobierno de Rajoy el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Y ante la presencia de numerosos periodistas de medios extranjeros, ha insistido en ofrecer una imagen: mientras el Govern quiere negociar, el Estado solo reprime. Eso sí, la Generalitat quiere negociar, afirma, sin condiciones pero con la firme determinación de implementar los resultados del referéndum del 1-O. Es decir, negociar cómo y de qué manera se hace efectiva la independencia de Catalunya.

Elecciones en tres meses

En el polo opuesto está el bloque del Gobierno y los socialistas. Un PSOE en el que su líder no se pronuncia sobre el encarcelamiento de los líderes de las entidades independentistas, pero que sí está decidido a aplicar el ya famoso artículo 155 de la Constitución de la siguiente manera: asumiendo todas las competencias del Govern que son necesarias para forzar la convocatoria de elecciones autonómicas cuanto antes. Ello significaría que, como mínimo, competencias como las de Governació, los Mossos y Ensenyament (por lo que respecta a los colegios electorales) quedarían en manos del Estado, del bloque que forman el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos, el partido que más insiste en aplicar ya el 155 sin tapujos para forzar los comicios.

Enfrente, los ‘comuns’ y Podemos, que han denunciado el encarcelamiento de los ‘Jordis’ con una actuación que demuestra que, una vez más, el Estado busca efectos colaterales, como que el perímetro del soberanismo se amplíe al espacio de Ada Colau y Pablo Iglesias. La alcaldesa de Barcelona ha denunciado sin tapujos la existencia de presos políticos y ha suspendido la actividad del ayuntamiento durante dos días. Iglesias también ha cargado contra el encarcelamiento de quienes se limitaron a llevar a cabo protestas “pacíficas”.

Mensaje de serenidad

Que el independentismo aumenta su perímetro estos días lo demuestra, una vez más, la capacidad movilizadora de este espacio. Así, mientras se cocinan las decisiones políticas, el independentismo ha vuelto este martes a las calles. Una nueva multitud ha recorrido la avenida Diagonal de Barcelona, con la presencia de miembros del Govern salvo el ‘president’ Puigdemont. Además, otras ciudades y pueblos de Catalunya han vivido concentraciones de protesta por el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium, actos a los que se sumará otra gran convocatoria el próximo sábado a las cinco de la tarde en la capital catalana.

Mientras preparan sus recursos, en los que cuestionaran la competencia de la jueza Carmen Lamela para adoptar medidas cautelares tan graves, los abogados de Sànchez y Cuixart han llamado a la serenidad. Seguramente por eso se decidió cancelar la convocatoria ciudadana frente a las delegaciones del Gobierno en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Una movilización que podría haber generado escenas de tensión entre los ciudadanos y la policía, cuando lo último que pretende el soberanismo es perder la bandera del civismo y la protesta pacífica, mientras sus representantes ultiman los siguientes pasos en un clima, aquí sí, de tensión política.

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