Hoy mismo, en una entrevista en el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio, el presidente del PP, Pablo Casado, ha descartado que su partido presente una moción de censura contra Pedro Sánchez «porque los números no dan ni sumando a los nacionalistas» y porque «a Sánchez se le derrota en las urnas».
Se empeña el todavía líder del todavía principal partido de la Oposición en el irritante posibilismo político de su predecesor Rajoy, una variante del cenagal positivista, que renuncia a la defensa de los principios porque las circunstancias, los números en este caso, así lo aconsejan. Sin duda, si Casado hubiera estado al mando de los últimos de Filipinas habría rendido Baler al primer cerco tagalo por la sencilla razón de que los números, 60 contra miles, no daban.
En octubre del año pasado, VOX presentó en solitario una moción de censura más que justificada en contra de un presidente al que todos los indicadores señalaban como el gobernante que —en dura competencia con ciertas repúblicas socialistas iberoamericanas— peor había defendido la salud y la prosperidad de sus gobernados. Aquella moción fue, sin duda, un deber nacional. Y el deber sigue siendo hoy una obligación por más que los números no den.
Por aquel entonces, más de 80.000 compatriotas habían muerto y España se enfrentaba a una segunda y de inmediato a una tercera ola de la pandemia que llegaron apenas un par de meses después de que el presidente Sánchez se jactara, con desprecio de la crisis institucional, reputacional y económica en el que nos había instalado su ideologizada incompetencia, de que ya habíamos vencido al virus.
Pero no era solo que todos los indicadores nos situaran en unos datos que sólo se habían visto durante la Guerra Civil. Durante los primeros meses de la pandemia, Sánchez, junto a sus socios comunistas con los que en campaña prometió no pactar jamás para preservar su descanso nocturno, habían violado tantas leyes y reglamentos apelando a imaginarios Comités de Expertos, que la Fiscalía General del Estado en manos de la primera ex ministra de Justicia de Sánchez, ordenó que no se investigara la actuación del Gobierno. Habría que rebuscar entre dictaduras y regímenes norcoreanos para encontrar un Ejecutivo que prohiba que se investiguen sus presuntas responsabilidades criminales en la gestión de la pandemia de la que «tendremos uno o dos casos», para la que «las mascarillas no son necesarias» y que «mata mucho menos que el machismo».
Y aún hay más. En realidad, mucho más. Los pactos con los partidos separatistas y filoetarras, la dependencia parlamentaria de formaciones golpistas como ERC, la campaña infecta de una parte del Gobierno alentada por la otra parte contra la Corona como símbolo de la unidad y la permanencia de España; el anuncio, por entonces sólo el anuncio, de que se revisarían las leyes para permitir la rebelión de los secesionistas catalanes para los que ya entonces se anunciaban indultos… Toda la actuación del Gobierno ponía en grave peligro objetivo la unidad nacional de una España debilitada, pandémica y deprimida después de meses de duro e ilegal confinamiento en el que no se iba a dejar a nadie atrás, salvo a los muertos, a decenas de miles de sanitarios y a los arruinados por la de nuevo palmaria evidencia de que toda economía que toca el socialismo, con virus o sin él, es destrozada sin misericordia.
Eso, en octubre. Desde entonces y hasta ahora el Gobierno de Sánchez ha recortado del censo electoral a más de 50.000 españoles que ya no podrán esperar a que a Casado le den los números. Ha añadido más deuda a la ruina de la caída histórica del PIB. El colapso del Sistema Público de Empleo ha supuesto la promoción de la ministra comunista responsable a una vicepresidencia. Se han aprobado —en contra del sentido común y de todos los dictámenes de todas las instituciones consultivas del Estado— leyes ideológicas perversas como la Ley del Menor o la de la Eutanasia cuyos efectos padecerán generaciones futuras y se han aprobado anteproyectos que nos helarán la sangre como la Ley de Seguridad Nacional o la llamada Ley Trans. Para remate, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el Gobierno vulneró los derechos fundamentales de los españoles con el Estado de Alarma.
Y entre otras graves dejaciones de la función esencial del Gobierno de guardar y hacer guardar la Constitución, se ha indultado a unos golpistas catalanes que, de nuevo con dinero de todos los españoles, lo volverán a hacer.
Todas y cada una de estas miserias, incluida la violencia promovida contra la disidencia desde puestos clave en el Consejo de Ministros, merecen una moción de censura permanente.
No es una cuestión de números. Es una necesidad de unir fuerzas para convencer a los españoles tibios de que hay una alternativa a la resignación y enfrentar a los partidos que en su momento apoyaron a Sánchez con su responsabilidad para con España. A Sánchez sólo le fortalece la inacción.
Lo urgente, señor Casado, no puede ser esperar. Ni una semana ni dos años. Poner al partido por encima de España puede ser quedarse sin partido y, lo que es infinitamente peor, sin España.
