La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en su informe del caso Azud una relación de fechas sobre la concesión de la desaladora de Moncófar que puede convertirse en todo un problema para el tesorero del PSOE valenciano y cabecilla de la trama de presunta financiación ilegal del Partido Socialista, José María Cataluña. La adjudicación de la desaladora en cuestión, dependiente en última instancia de la entonces ministra y actual presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona, se publicó oficialmente en el BOE el 16 de julio de 2008.
La desaladora fue a manos de una de las empresas investigadas en la trama. Y, con todo ello, el registro en el domicilio de José María Cataluña por parte de la UCO ha permitido localizar un documento con una anotación manuscrita sobre esa desaladora que incluye el nombre de la empresa que recibió efectivamente la adjudicación y hasta el importe de la operación. Y la anotación es de medio año antes de que el común de los mortales tuviera conocimiento del mismo hecho a través del BOE.
La UCO señala en su informe que «con respecto a las mercantiles del Grupo Gimeno, también alguna de ellas presenta intereses económicos con Acuamed«. La relación se basaba en «una UTE de la que formaba parte la mercantil FACSA», que resultó adjudicataria «el 25.01.2008 del contrato licitado por la empresa estatal para la redacción del proyecto y la construcción de la desaladora de Moncófar (Castellón), por un importe de adjudicación de 50,8MM€«.
Pues bien, «ese mismo día (25.01.2008) figura en una de las agendas intervenidas en el domicilio de José María Cataluña una anotación relacionada con la desaladora de Moncófar, recogiendo tanto el importe aproximado de la adjudicación como una referencia a Facsa». De hecho, la anotación manuscrita incluye, efectivamente, el nombre de la empresa y una cifra: 51, totalmente cercana a los 50,8 millones de la adjudicación. Pero lo más llamativo es que ese conocimiento de los detalles de la operación tuvo que proceder obligatoriamente de una vía preferente, porque la comunicación oficial en el BOE no se realizó hasta el 16 de julio de ese mismo año. Más de seis meses después.
La UCO ha certificado, además, que «el 11.02.2008, poco después de la adjudicación, se habría producido algún tipo de reunión entre José María Cataluña y Facsa, ello a tenor del contenido de las agendas del primero». Es más, «finalmente, el 28.03.2008, es decir, poco después de la anterior anotación, Cronosport emitió a Facsa una factura por importe de 70.817,40€, que tendría como finalidad el justificar el abono de una serie de servicios prestados en beneficio del PSOE con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que tuvieron lugar el 09.03.2008; servicios que, por otra parte, en algunos casos se relacionan con José María Cataluña», explica la Guardia Civil en su informe.
Hay que recordar que la UCO sospecha que Narbona infló el gasto de un plan de 2.500 millones de Acuamed para financiar al PSOE. La Guardia Civil tiene claro que la pagadora final de la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE fue esta empresa pública gestora de las desaladoras, dependiente en aquella época de la entonces ministra de Rodríguez Zapatero y ahora presidenta nacional del Partido Socialista, Cristina Narbona.
Pero la Guardia Civil ha confirmado, además, el programa al que se cargó ese gasto. La vía, según sus sospechas, habría sido el inflado de las concesiones del denominado como Programa AGUA, de nada menos que 2.500 millones de euros, una brutal partida de la que colgaba la concesión de las desoladoras, de forma que no se notase el impacto, ante la brutal magnitud del gasto gestionado.
