El juez cita a dos ex altos cargos del PP de Palma por presuntos delitos contra la salud pública y cohecho

El magistrado quiere que José María Rodríguez y Álvaro Gijón expliquen si es cierto o no que, como afirma una testigo protegida, el empresario Tolo Cursach les financiaba orgías con prostitutas en las que se consumía cocaína

El juez Manuel Penalva ha citado a declarar para el próximo jueves, en calidad de investigados —equivalente a imputados—, al expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y al concejal del consistorio palmesano y diputado autonómico ahora del Grupo Mixto Álvaro Gijón, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de cohecho, en el marco del denominado caso Cursach. En dicha causa se investiga una presunta trama de corrupción política y policial.

La citación se produce después de que la testigo protegida que recientemente denunció la supuesta participación de Rodríguez y de Gijón en orgías con drogas hubiera entregado días atrás una agenda al juez. En dicho dietario estarían registrados datos como, por ejemplo, las fechas en las que ambos políticos habrían acudido al prostíbulo que la mujer regentaba años atrás junto con una amiga.

La citada testigo protegida había declarado ya en su momento ante el juez y ante el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán que los dos mencionados altos cargos locales del PP habrían participado en fiestas financiadas por el empresario Tolo Cursach en las que había prostitutas y en las que además se consumía cocaína.

Por su parte, Gijón ha venido negando de manera reiterada en estas últimas semanas su implicación en cualquier posible acto delictivo. «Es imposible que la testigo pueda demostrar nada de lo que se dice, sencillamente porque no ha ocurrido nunca», afirmó el pasado 13 de junio. «Si mezclas el cóctel prostitución, drogas, políticos, orgías y demás, tienes el cóctel perfecto para el escándalo monumental», lamentó.

Gijón se dio de baja como militante del PP el pasado 27 de junio, después de haber sido imputado junto con sus padres y su hermano Teo en el marco del denominado caso Sancus. En dicha causa se investiga si Gijón habría recibido comisiones por una adjudicación municipal amañada y si sus familiares, presuntamente, le habrían ayudado a blanquear ese dinero. Los cuatro imputados negaron ante el juez cualquier posible actuación contraria a la ley. Además, Gijón dijo que no dimitiría ni como concejal ni como político porque no es «un corrupto».

En cuanto a Rodríguez, desde su vinculación con el caso Cursach se ha estado remitiendo a lo que dijo ya meses atrás, en el sentido de que nunca habría solicitado a lo largo de su vida servicios de prostitución. En cualquier caso, Rodríguez había sido obligado a dimitir como presidente del PP de Palma en julio del pasado año, por la dirección nacional del partido, después de que hubiera trascendido que se le vinculaba a la citada trama de corrupción política y policial.

El caso Cursach, que aún se encuentra en fase de instrucción, es una derivación de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían igualmente parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos el propio Cursach, considerado durante décadas el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares. Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de la Policía Local, de diversos cargos políticos y de funcionarios de Palma y Calviá, que habrían favorecido sus negocios.

Cabe recordar que Cursach fue detenido por la Policía el pasado 28 de febrero, en Palma, junto con dos de sus principales colaboradores. Tres días después, el 3 de marzo, el juez decretó prisión provisional sin fianza para el empresario. En el auto en el que el magistrado decretó el ingreso en prisión de Cursach, se le atribuían al empresario hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

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