Cada vez son más los hombres que alzan la voz contra el supuesto trato de favor que algunos jueces profesan a las madres que secuestran a sus hijos. Lo que no suele ser habitual es que una instancia superior tome cartas en el asunto. De ahí la importancia de la hazaña que acaba de conseguir Javier Avellaneda, un padre que lleva más de 7 años sin ver a su hijo, a pesar de que su exmujer se encuentra ya cumpliendo condena por sustracción de menores y él es el que ostenta tanto la patria potestad como la custodia del menor.
Tras presentar dos escritos al juez decano de Palencia, éste ha ordenado finalmente tramitar como denuncia sus quejas al entender que las actuaciones de los togados que se han hecho cargo de su caso durante todo este tiempo podrían ser constitutivas de delito. Así consta en una diligencia fechada el pasado 27 de abril, en la que ordenaba dar parte al juzgado que correspondiera y que, según ha podido saber Libertad Digital, acaba de llegar al Número 2 de la mencionada localidad.
«Es una alegría, pero, como siempre, es una alegría contenida«, asegura Javier Avellaneda, quien está convencido de que, en cualquier caso, posteriormente se le instará a él a interponer una querella. Aun así, agradece la «gran labor» que han realizado sus abogados de Preico Jurídicos y se felicita por la valentía de un juez que ha optado por dar «un toque de atención» a sus compañeros, «porque lo que no se puede consentir bajo ningún concepto es que los jueces se sientan o se piensen intocables«. Núria, su actual pareja, asiente a su lado: «Es una cosa juzgada, condenada y que tienen que ejecutar de manera forzosa, le guste al juez o le disguste».
Una orden de entrega sin ejecutar
El escrito de Javier Avellaneda pone sobre la mesa las numerosas «irregularidades» que, tal y como lleva años denunciando, se estarían cometiendo en los juzgados de Palencia, fundamentalmente en el número 3 -a cargo de Gabriel Martínez García- y más recientemente, en el número 1. Al primero de los jueces, este padre palentino le acusa de no ejecutar la orden de entrega del menor, desentendiéndose totalmente de sus funciones: «De este auto han pasado más de 5 meses, desde que se dictó hasta la fecha, y no se ha ejecutado. Es más, Alejandro sigue estando en compañía de personas ajenas al dictado de este auto, de manera ilegal y fraudulenta, con el conocimiento y permiso de Don Gabriel Martínez García«.
En este sentido, Avellaneda deja constancia de lo sucedido el pasado 27 de noviembre, el día que su exmujer entró en prisión sin haberle entregado antes a su hijo. El padre se presentó en el centro penitenciario de Villanubla a fin de comprobar si el menor había acompañado a su madre. Sin embargo, no fue así, por lo que acudió a una comisaría de Valladolid para denunciar su desaparición y acelerar la entrega.
Al día siguiente, y ante la ausencia de noticias, se dirigió a la comisaría de Palencia, donde, según una grabación que obra en su poder, el Inspector Jefe de la Policía Judicial, le reconoció dos cosas. La primera: «Su hijo no está desaparecido, está localizado y el juez es conocedor«. Y la segunda: «El juez no nos ha dado orden alguna«. Dos frases que no vendrían sino a apuntalar la posible prevaricación de la que Avellaneda siempre ha acusado al juez encargado de su caso, máxime cuando, además, tal y como recuerda el padre, ya existía otra orden de entrega desde hace más de cinco años -octubre de 2017- que nunca se llegó a ejecutar.
Sin embargo, ésta no sería la única irregularidad perpetrada por el titular del Juzgado Número 3 de Palencia, al que Avellaneda acusa de pretender inhibirse para no tener que hacer cumplir su propia orden. Lo hizo el 14 de febrero, 90 días después de ordenar la entrega del menor, y «sin que el juzgado al que se inhibe se lo pida y, lo más grave, sin que este tipo de procedimientos se puedan inhibir», tal y como viene reflejado en el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho artículo, como le llega a recordar incluso la propia Fiscalía, deja claro que las ejecuciones de título judicial forzosas «no son susceptibles de inhibición y es responsabilidad del juez que es conocedor en primera instancia y dicta auto a ejecutar». De ahí que Avellaneda insista en que el juez esté «presuntamente cometiendo actos delictivos dolosos».
El menor sigue secuestrado
Por lo que respecta a la titular del Juzgado Número 1 de Palencia, Paloma Martín Gallego, este padre palentino le reprocha haber dictado un régimen de visitas supervisadas en un punto de encuentro que carecen de total justificación, por cuanto, una vez que su exmujer entró en prisión, él es el único que ostenta tanto la patria potestad como la custodia de su hijo, que, tal y como subraya, debería estar ya viviendo con él. La excusa: que el Juzgago Número 3 había otorgado a la abuela del niño la custodia de forma cautelar en base, además, a «informes incompletos». Sin embargo, el auto no es firme, por lo que de él no se podía derivar un régimen de visitas como el propuesto.
Así, Avellaneda acusa a la juez de ser conocedora de que «de manera ilegal y fraudulenta», el menor continúa a cargo de la abuela «sin consentimiento del padre y alargando la situación de sustracción que la madre llevaba cometiendo desde el año 2015». De esta forma, tal y como ha venido denunciando en los últimos meses, su hijo seguiría secuestrado, pero a manos de esta señora y de la actual pareja de su exmujer.
Con todo, lo único que espera Avellaneda es que la decisión del juez decano sea un toque de atención no sólo para aquellos que se han hecho cargo de su caso, sino para otros tantos que no actúan como debieran en procesos similares al suyo: «Si los jueces supiesen que sus actos tienen consecuencias y que no son impunes, tendrían mucho más cuidado«.
