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El juez imputa a Luceño por falsedad tras descubrirse su carné ficticio del CNI

El juez que investiga el conocido como «caso mascarillas» ha ampliado la investigación al empresario Alberto Luceño ante la sospecha de que pudo «distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño» al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas dado que guardaba en su casa una placa y una tarjeta del CNI «íntegramente falsas».

La Comisaría General de Policía Científica constató hace unas semanas en un informe que los elementos identificativos del CNI que fueron hallados en un registro policial a la casa de Luceño eran falsos, motivo por el que el juez Adolfo Carretero, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado imputarle un nuevo delito de falsedad documental.

Dice el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid en un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, que Luceño «parece distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño realizado al Ayuntamiento de Madrid en el negocio criminalizado que se investiga», una presunta estafa en la venta al Consistorio de productos sanitarios al inicio de la pandemia «con precio sobredimensionado y exorbitado con ocultación de comisiones excesivas».

Junto a Luceño, está también investigado por estos hechos el empresario y aristócrata Luis Medina. Ambos se habrían embolsado comisiones de 6,9 millones de dólares por la venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento, que pagó 11,9 millones por el material.

El carné del CNI falso que fue hallado en casa de Luceño, continúa el juez, fue «elaborado a la vista con mucha similitud» a uno verdadero y «puede ser utilizado para facilitar las relaciones comerciales del investigado con autoridades o empresas en Asia», ya que el empresario «se hizo pasar en el Ayuntamiento como un agente exclusivo en Europa de la Compañía asiática Leno».

Argumentos con los que el juez sustenta la nueva imputación por un delito de falsedad a Luceño, que se unen a los de estafa, blanqueo y otro de falsedad que pesaban contra él y Medina, quien también está investigado por supuesto alzamiento de bienes.

En su auto, el magistrado también acuerda requerir al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne & Nagel que informen de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa intermediaria Leno -de la que los investigados obtuvieron el material-.

Según Carretero, adoptar esta diligencia, solicitada a su vez por la Fiscalía, es necesaria para «acreditar el perjuicio del Ayuntamiento y de la Funeraria, toda vez que de los 2.500.000 pares de guantes contratados, sólo llegaron al parecer a España 1.250.000 pares».

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