Las pruebas de la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE llegan hasta Ximo Puig. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado sus trabajos en la desaladora de Moncófar, una de las plantas dependientes en última instancia de la entonces ministra y actual presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona, y cuya adjudicación -conocida con anticipación por el extesorero del Partido Socialista valenciano, José María Cataluña– fue a manos de una UTE de la empresa FACSA. Y FACSA fue la pagadora final de parte de los gastos de campaña de las primarias de 2008 de Ximo Puig, actual presidente socialista de la Generalidad Valenciana. Y en ese punto, lo cierto es que el Juzgado de Instrucción que lleva el caso no ha contado con excesiva ayuda del Gobierno de Puig.
El Juzgado número 12 que investiga la trama Azud del PSOE pidió más medios y la consejera de Justicia y pareja de Ximo Puig, Gabriela Bravo, se los negó el pasado mes de junio.
La trama Azud conecta con el caso Acuamed, ya en la Audiencia Nacional. La investigación abarca desde, al menos, el año 2004 y llega, con un entramado inacabable de ramificaciones y sociedades, hasta, de nuevo, al menos el año 2008. Se han analizado infinidad de datos contables y movimientos de cuentas y reuniones. Y la falta de medios de la Justicia ha mostrado ya sus costuras en el Juzgado encargado de esta labor. Realmente es ya una macrocausa de presunta financiación ilegal del PSOE y el pasado mes de junio, el Juzgado en cuestión se puso en contacto por lo cauces oficiales con el organismo competente en materia de refuerzo de medios de la Justicia para solicitar ayuda y más recursos. Ese organismo no es otro que la Consejería de Justicia de la misma Generalidad valenciana que gobierna el propio Ximo Puig. La responsable como consejera del departamento es Gabriela Bravo. Bravo es la pareja de Ximo Puig. Y ella rechazó el pasado verano reforzar los medios de ese Juzgado que ha llegado ya con sus investigaciones hasta la misma orilla del presidente autonómico, jefe y pareja de Gabriela Bravo.
Por aquellas fechas, la juez responsable del Juzgado número 13 levantó parcialmente el secreto de sumario tras casi cinco años de investigación. Vieron la luz 55 tomos de documentación. Las defensas de los cerca de 60 imputados fueron citadas a partir de ese momento. Y, a partir de ahí, el trabajo del Juzgado aún ha sido más exagerado.
Desde el propio Juzgado se señaló en aquel momento que su capacidad era muy inferior a la de un caso de esta magnitud. La Audiencia Nacional, por poner un ejemplo, sí está habituada a este volumen de información y trabajo. Y el Ministerio de Justicia pone a disposición de sus jueces medios adicionales, por ejemplo, telemáticos para que todos los afectados por la causa puedan acceder desde una nube a la documentación judicial. Pero en este caso Azud no ocurrió así. El juzgado pidió ese mes de junio la misma ayuda a Gabriela Bravo y la respuesta fue un rotundo no. El juzgado, además, había solicitado ya un refuerzo por la carga de trabajo en dos ocasiones. Y el órgano encargado de este tipo de cuestiones, la Sala de Gobierno, rechazó igualmente la solicitud. Ante la insistencia, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), Pilar de la Oliva, aceptó en un acuerdo destinar a un miembro recién salido de la Escuela Judicial para reforzar esta labor. Eso sí, la persona en cuestión acudió con un encargo temporal que finalizaba en noviembre.
Y todo ello, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto ya la lupa del caso Azud en la desaladora de Moncófar y ha extendido la sombra hasta el mismo Ximo Puig. Se trata de una de las plantas dependientes en última instancia de la entonces ministra y actual presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, Cristina Narbona. Su adjudicación se publicó oficialmente en el BOE el 16 de julio de 2008. Pero el cabecilla de la trama B del PSOE valenciano, José María Cataluña, dejó anotaciones en sus agendas personales el 25 de enero -medio año antes- especificando el nombre de la ganadora de la adjudicación y hasta el importe de esa concesión. Cataluña fue el tesorero del PSOE en esta comunidad. La ganadora de la adjudicación fue una UTE de la empresa FACSA. Y FACSA fue, en última instancia, la pagadora final de parte de los gastos de campaña de las primarias de 2008 de Ximo Puig, actual presidente socialista de la Generalidad Valenciana.
