La normalidad democrática tiene en el debate parlamentario y en el control legislativo sobre el ejecutivo una de las más importantes características. Ahí donde hay democracia, las instituciones funcionan de forma granítica, imperturbable, con procedimientos que la costumbre y la ley permiten que se mantengan en el tiempo. Da igual quien esté en la presidencia, da igual quien encabece el poder Ejecutivo: si hay instituciones sólidas, en esa democracia veremos como las instituciones funcionarán por igual, controlando, revisando y sancionando si es el caso.
La desaparición de las instituciones es obviamente una necesidad de quienes quieren destruir el orden democrático. Siendo las instituciones el freno para los desafueros del poder, todo aquel que quiere asirse del poder de forma infinita está en el deber de acabar con las instituciones, con las costumbres y normas que las sostienen y con los usos y costumbres que construyen la normalidad democrática.
Que el gobierno rinda cuentas ante el parlamento, es más que una costumbre, un deber. El control parlamentario al Ejecutivo es un pilar de la democracia. Y quienes estiman prescindible los controles a su poder, siempre apuntarán a acabar con dicha norma.
Como siempre, Chávez.
En la Venezuela previa a la llegada del chavismo al poder, las interpelaciones parlamentarias eran normales. Cualquier ciudadano podía ser llamado a rendir testimonio ante comisiones permanentes o comisiones especiales. Comisiones de investigación de escándalos de corrupción, de violaciones de derechos humanos o de cualquier atisbo de abuso de poder, acostumbraban a llevar ante sí a las personas que pudiesen estar involucradas.
Salvedades: quienes estuviesen en medio de una acción judicial, podían declinar basados en la garantía constitucional de que nadie puede ser obligado a atestiguar en su contra o contra familiares. El Presidente de la República se encontraba también exceptuado de las interpelaciones parlamentarias, mas no así sus ministros y subordinados.
No había excepciones con el estamento militar. Desde el más humilde los soldados hasta el más laureado general, podían ser convocados ante las instancias parlamentarias de control.
Hasta que llegó Chávez al poder. Por supuesto, la Revolución no puede ser controlada y desde el primer día empezaron los atentados contra el poder legislativo, con premeditación y alevosía. La Asamblea Constituyente fue el atentado principal. Desde allí, pasando por encima del mandato que a través de un ya ilegal referendo consultivo, se disolvió de facto al Parlamento. Incluso, físicamente se le invadió y asedió a sus parlamentarios, quienes encabezados por el traidor de ayer y hoy Henrique Capriles (presidente de la Cámara de Diputados), se negaron a pelear la majestad parlamentaria que les investía.
Lo demás fue rutina: una nueva constitución, un parlamento unicameral llamado “Asamblea Nacional” como en Cuba y la completa eliminación de las funciones de control.
Control cero como requisito socialista
Al establecerse el nuevo orden socialista, Chávez impidió que sus ministros fuesen interpelados en el parlamento, como lo establecía la constitución que él mismo se mandó a hacer a su medida. Pasando incluso por encima de su propio texto constitucional, la revolución chavista, controlando a través del fraude electoral la mayoría parlamentaria, nunca permitió que sus ministros fuesen sometidos a las clásicas preguntas y respuestas frente a una comisión.
Por el contrario, cuando no hubo más remedio que permitir las interpelaciones, lo que vimos fue puestas en escena en donde el ministro cuestionado solo daba un discurso en el que podía incluso atreverse a insultar a los parlamentarios, sin derecho a réplica de los mismos y sin incluir preguntas de estos últimos.
Fue el caso del todopoderoso zar de las finanzas del chavismo Jorge Giordani, que fue capaz ante la Asamblea Nacional de llamar “escoria política” a los parlamentarios opositores, ante los vítores de la mayoría parlamentaria chavista.
Esto no cambió con la adjudicación de la mayoría de los escaños del parlamento a fuerzas opositoras que, al final, resultaron completamente infiltradas. La evidencia de tal infiltración es visible hoy para el común, pero en aquellos momentos pocos la aceptaban como real. Pero fue aquella adjudicación de mayoría la que permitió ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar el chavismo: no más ser adjudicado el “triunfo”, empezó a rebanarle las atribuciones al poder legislativo hasta prácticamente desaparecerlo.
Declararon -vía judicial- al parlamento en “desacato”, con lo que justificaron su renuencia a ser interpelados en los organismos parlamentarios.
No es una exageración ni una argumentación forzada, pero España en manos del socialismo camina a paso lento, pero seguro, hacia la eliminación del control parlamentario al poder ejecutivo. El que no se realice un debate sobre la Nación, como ha sido tradición en la democracia española desde el arribo de la democracia, da cuenta de las intenciones reales.
Se trata de acallar cualquier posibilidad de debate, de cuestionamiento o siquiera de revisión. Es una clara fórmula del Socialismo del siglo XXI, del chavismo. Es la unanimidad, la disolución de la democracia acabando primero con las tradiciones y costumbres, luego acabando de cuajo con las instituciones.
La democracia en ruinas es la puerta abierta a la disolución de Venezuela como República. Llegado el caso, esa puerta abierta será la desaparición de España, incluso como entidad territorial.
Si se llega hasta allá, tendremos que hablar de cobardías y rendiciones.
Ojalá no tengamos que escribir esa historia.
