El Pacto Nacional contra la violencia machista supera el primer escollo en el Congreso

La subcomisión del Congreso de los Diputados que trabaja para lograr un Pacto de Estado contra la violencia machista ha dado el primer paso para que se apruebe el Pacto Nacional por parte del legislativo, que incluye 200 medidas dotadas con un presupuesto de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. El próximo viernes 28 de julio la comisión de Igualdad del Congreso debe ratificar el pacto de Estado al que han llegado los partidos.

A pesar de ser un acuerdo que llega por unanimidad, algunos grupos parlamentarios, como PSOE y Podemos, han anunciado que presentarán votos particulares con más medidas durante el debate en el Congreso, que previsiblemente ya se llevará a cabo tras la vacaciones de agosto.

Los grupos parlamentarios han trabajado durante seis meses medidas y propuestas que consideran necesarias para poner fin a esta lacra. Entre ellas destacan la promoción del teletrabajo, el acompañamiento a la víctima previo a la denuncia, las desgravaciones fiscales a los familiares que tengan la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género, oferta pública de empleo para las víctimas o eliminar el atenuante de confesión para los maltratadores. Además, entre otras reformas judiciales, se ha acordado regular la prohibición de las visitas a la cárcel al padre maltratador condenado por parte de los menores en casos de violencia de género.

Tras la aprobación definitiva no será necesario interponer una denuncia penal para el reconocimiento de la condición de beneficiaria de los servicios jurídicos, medidas de protección, asesoramiento o acompañamiento en el caso de sufrir violencia de género. La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Medidas especiales para los jóvenes ante el alarmante aumento de la violencia entre el colectivo

Ante el alarmante aumento de las nuevas formas de violencia machista existentes entre la juventud, han propuesto medidas específicamente dirigidas a los jóvenes, utilizando preferentemente las tecnologías de la información y la comunicación. También han planteado potenciar las consultas médicas, los centros sanitarios y las farmacias como plataformas informativas sobre este fenómeno.

Asimismo, han destacado la importancia de incrementar la atención de las víctimas en las zonas rurales y de mujeres de colectivos vulnerables, como las mayores, con discapacidad, las que pertenecen a minorías étnicas o las inmigrantes.

En lo que va de año, 31 víctimas de la violencia de género

La subcomisión se constituyó el 1 de febrero de este año tras aprobarse por unanimidad el 15 de noviembre de 2016 una proposición no de ley presentada por el grupo socialista para instar al Gobierno a suscribir un pacto de Estado en materia de violencia de género. A lo largo de seis meses de trabajo, que han incluido las comparecencias de 66 expertos, la subcomisión ha analizado los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia sobre la mujer y ha recogido un conjunto de propuestas de actuación para los próximos años.

En lo que va de 2017, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se eleva a 31, aunque hay otros tres casos en investigación en Redondela (Pontevedra), Mogán (Las Palmas) y Valencia, según datos del Ministerio de Sanidad. Además, seis menores han sido víctimas mortales por violencia de género este año y otros quince menores se han quedado huérfanos a consecuencia de este problema, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

El proceso que ha de seguir la ley

El cuerpo del documento lo elaboró el Partido Popular. Las propuestas han sido revisadas una a una, modificadas y reordenadas. Los grupos han pactado una serie de recomendaciones en los ámbitos de la prevención, la asistencia a las víctimas, la protección de los menores, el impulso de la formación de los distintos agentes o la mejora de la información sobre esta realidad social.

Este lunes se ha procedido a la lectura y votación del texto en la subcomisión. El viernes 28 de julio está previsto que el texto se someta a votación en la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán exponer sus objeciones y discrepancias. Tras ello se pasará al Pleno del Congreso, en septiembre, y después se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones civiles.

La aprobación del Pacto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

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