El Parlamento vasco, a excepción del PP, pide la excarcelación de la etarra cuya hija fue apuñalada

PNV, EH Bildu, Podemos y PSE exigen que Majarenas pueda superar la situación «en un entorno de estabilidad»

Todos los partidos del Parlamento vasco excepto el PP han suscrito este martes una proposición no de Ley en la que reclaman la excarcelación de la etarra Sara Majarenas, cuya hija, Izar, fue apuñalada por su padre y reside en un centro de acogida en Madrid. La Cámara vasca alega que la reclusa debe necesita «un entorno de estabilidad» para superar junto a la pequeña «los terribles hechos de los que han sido víctimas».

La iniciativa ha sido impulsada por la madre de Majarenas, Kontxi Ibarreta, que el pasado miércoles pidió a las formaciones vascas el traslado de la etarra a San Sebastián para que pudieran recuperarse de la agresión del padre de la niña, que necesita un «entorno seguro» en el que vivir.

Los firmantes del texto han hecho hincapié en que el caso posee unas «circunstancias humanitarias» especiales, y han defendido el derecho de la menor a estar con su padre «dentro de lo posible, sin ser separada de su entorno familiar». En este sentido, han apelado a sus «derechos básicos» para que tanto ella como su madre sean reconocidas víctimas de la violencia machista y puedan superar juntas «los terribles hechos de los que han sido víctimas con el apoyo» del resto de sus allegados: «Hay derechos que amparan a todas las personas, incluido las presas», han subrayado.

De esta forma se han referido a los principios de protección de ciudadanos encarcelados aprobados por la ONU, que destacan que las autoridades competentes «procurarán asegurar […] la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de estas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado privados de suspensión».

Arrepentida

Majarenas hizo público su arrepentimiento el pasado marzo, cuando reconoció «el daño causado por la organización ETA» y se comprometió a «no utilizar vías violentas sino únicamente vías pacíficas».

La etarra fue detenida en 2005 en Valencia. Más tarde fue condenada a 13 años y seis meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos oficiales y tenencias de armas sin licencia.

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