“Agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) han detenido, bajo sospecha de espionaje, a un ciudadano de España de orígenes rusos. El hombre está acusado de participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia”, explica un comunicado publicado hoy en la web del Gobierno polaco. El ciudadano español al que hace referencia es Pablo González, periodista que trabaja para Público, Gara y La Sexta, que el pasado 28 de febrero fue detenido en la frontera entre Polonia y Ucrania.
González fue detenido en la noche del 27 al 28 de febrero en Przemyśl, en el sur del país. Dos días después de su detención incomunicada —al ser detenido sólo pudo hacer una llamada avisando de su arresto a su abogado, Gonzalo Boye—, Pedro Sánchez anunció en el Congreso que el periodista recibiría protección del Consulado español en Polonia. Lo hizo tras el requerimiento del portavoz de EH-Bildu.
Según explica el comunicado publicado hoy por el gobierno polaco, González “fue identificado como agente del Departamento Central de Inteligencia ruso (GRU), y habría llevado a cabo operaciones para beneficiar a Rusia, aprovechándose de su trabajo como periodista, que le habría permitido viajar libremente por todo el mundo y por Europa, incluyendo zonas de conflicto militar y territorios con tensiones políticas”.
Desde el Gobierno polaco afirman que González está acusado de participar en actividades de servicios de inteligencia extranjeros contra Polonia, lo que se castiga con diez años de prisión
“El detenido fue obteniendo información que, al ser usada por los servicios especiales rusos, podría haber tenido impacto negativo en la seguridad externa e interna de Polonia, así como para la defensa polaca. Antes de su detención, planeaba ir a Ucrania para continuar sus actividades”, continúa el comunicado. “Se han comprobado las pruebas, que ahora serán sometidas a un análisis detallado. El hombre está acusado de participar en actividades de servicios de inteligencia extranjeros contra la República de Polonia, lo que se castiga con diez años de prisión. Sobre la base de la decisión del tribunal, ha sido arrestado temporalmente durante tres meses”, termina el comunicado.
Pablo González, periodista y politólogo vasco afincado en Polonia, tiene como lugar de nacimiento Moscú por “asuntos derivados de la guerra civil”, según explica un reportaje de Público, uno de los medios para los que trabaja, que señala que es un “reconocido estudioso del entorno postsoviético”. Desde este medio señalan que ya el 6 de febrero Gonzáles fue detenido durante varias horas por los servicios de seguridad ucranianos en Kiev, cuando viajaba al Donbás para realizar la cobertura informativa del conflicto para Público, entre otros medios, y junto a otros periodistas, pero entonces se quedó fuera de la zona de conflicto al no haber gestionado la acreditación militar, por lo que se dedicó a hacer reportajes sobre cómo vivía la población civil cercana al área. Fue entonces, según explica Público, cuando recibió una llamada de los servicios secretos ucranianos que le ordenaban personarse en Kiev, donde fue interrogado acusado de “prorruso” por haber trabajado para el diario Gara, tener una tarjeta de crédito de Laboral Kutxa, saber ruso y tener conocimiento sobre la región. Le invitaron a marcharse del país en un plazo de tres días.
“Los agentes también les advirtieron de que había sido acusado de trabajar en Gara, ‘un medio pro-ETA y subvencionado por Rusia’ e incluso de ‘pasar información a Rusia’”
Público explica que, a la vez que González explicaba su caso a la embajada española en Kiev y desde el periódico hablaban sobre su caso con el Ministerio de Exteriores, agentes del CNI acudieron a la vivienda de familiares del periodista en Euskadi y Catalunya para preguntarles sobre González y comprobar si era “prorruso”. “Los agentes también les advirtieron de que había sido acusado de trabajar en Gara, ‘un medio pro-ETA y subvencionado por Rusia’ e incluso de ‘pasar información a Rusia’”, explica el reportaje publicado por Público.
Desde Reporteros sin Fronteras han criticado el arresto de González, señalando que lo han tenido incomunicado sin dar “ninguna explicación creíble” y recordando que han violado sus derechos fundamentales al no haberle dejado comunicarse con su abogado.
