El plan separatista del PSOE está en marcha. La primera pieza del puzzle era Conde Pumpido y ya se encuentra al frente del Tribunal Constitucional. La segunda es camuflar el referéndum separatista como una consulta no vinculante y esa pieza requiere de una tercera: una reinterpretación o ampliación del Estatuto de Autonomía de Cataluña que facilite dos cuestiones. La primera, estirar el actual artículo 122 de ese Estatuto para introducir la posibilidad legal de realizar consultas políticas bajo el pretexto de que serían no vinculantes. La segunda, como Estatuto que es, en caso de tener que reformarlo, pasarlo a votación entre la población como referéndum, con lo que la apariencia de haber realizado un referéndum se habría cumplido desde el primer momento.
Ese es el plan. Y por eso era tan necesario contar con un piloto al frente del Tribunal Constitucional totalmente favorable. El problema son los tiempos y ahí surgen dos opciones. La primera es trasladar al Tribunal Constitucional toda una reinvención del artículo 122 sobre consultas populares del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Ese artículo señala que «corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución». Y, a su vez, este 149.1.32 de la Constitución recoge como materia exclusiva del Estado y ajena a cualquier autonomía, la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».
De ese modo, debe ser el Estado el que acepte una consulta separatista, algo que situaría en una posición muy delicada al PSOE en caso de respaldarlo abiertamente en la cámara.
La fórmula intermedia es estirar este artículo. Bien sea por medio de una ley regional que reciba el beneplácito del Tribunal Constitucional, bien sea por medio de una reforma parcial del Estatuto de Autonomía. Y, de ese modo, ya quedaría, tras ser aceptado por el TC, bajo decisión de la Generalidad catalana el poder para lanzarla. En resumen: un traslado de competencias puro y duro escondido tras un camuflaje de reforma estatutaria.
Y para bendecir eso necesitan un Tribunal Constitucional bajo ordeno y mando. Porque la anterior sentencia del TC sobre la última reforma del Estatuto catalán ya acotó esa posibilidad y rechazó una invasión de competencias para poder convocar y realizar consultas por parte de la Generalidad sin control.
ERC intenta ganar tiempo
Lo cierto es que el plan separatista sigue su ritmo. Más sin pausa que sin prisa. Porque los tiempo apremian en ERC ante la elevada probabilidad de que las próximas generales acaben con el mandato de su gran socio, Pedro Sánchez.
Pero este estiramiento del artículo 122 del Estatuto de Autonomía permitiría una cosa decisiva a ERC: ganar tiempo, de hecho. Porque asumidas las competencias para convocar un referéndum camuflado, serían ya ellos -los separatistas- quienes apretaran el botón de la consulta, incluso bajo mando del PP en La Moncloa.
Hay que recordar que todo lo conseguido por el separatismo fue previamente negado por Pedro Sánchez. Y es que el Gobierno ya ha regalado el indulto a los golpistas del 1-O, la eliminación del delito de sedición, la rebaja de las penas de malversación y la congelación de facto de las acusaciones de la Fiscalía en muchos casos contra los separatistas inmersos en delitos. Todo ello, por supuesto, mientras no se ha dejado de regar con regalos de inversiones a la Generalidad de Cataluña, cuyo importe duplica el de Madrid.
El mapa de las cesiones de Sánchez
De hecho, y para colmo del sarcasmo, en medio de todo ello, el partido de Oriol Junqueras ha llegado a repartir entre sus bases un mapa donde se pueden ver, una a una, las cesiones realizadas ya por Sánchez y, por supuesto, las que quedan por realizar. El mapa habla sin matices del camino a la «República Catalana» y anuncia una futura amnistía general de todos los delitos relacionados con el separatismo.
El mapa se convierte, de este modo, en el mayor testigo de todo lo pactado entre los separatistas y Sánchez. Y de lo que queda por cumplirse a cambio de que los socialistas mantengan el poder de la Moncloa.
El primer paso descrito en ese mapa detalla la «eliminación de la sedición«. Y, efectivamente, se ha cumplido. El segundo de los pasos es la «modificación de los tipos delictivos de la malversación«. De nuevo, se ha fraguado ya.
El tercero es la «rebaja de las penas por desórdenes públicos» y la limitación de la aplicación de los castigos a los más graves de estos ataques callejeros, los denominados como «desórdenes públicos agravados». De nuevo, todo ello se ha introducido ya.
El cuarto paso de este mapa plantea una «negociación política» de igual a igual entre los «Gobiernos catalán y español». Todo ello, bajo la premisa expresa de lograr la «República Catalana». Ahí, evidentemente, se circunscribe un referéndum separatista autorizado por un TC asaltado y amaestrado.
Y el quinto, y último paso, es una «amnistía» que deje sin responsabilidad alguna a todos los delincuentes que hayan cometido ilícitos penales relacionados con el separatismo.
