El Poder Judicial de Costa Rica cumple 10 días atascado en una huelga inédita

Costa Rica cumplió este viernes 10 días sin poder realizar juicios, sin diligencias judiciales y sin investigaciones criminales por la huelga inédita que mantienen los funcionarios del Poder Judicial como protesta contra los planes de reformar su sistema de jubilaciones, considerado privilegiado e insostenible para las finanzas del Estado.

Una vez reactivado el sensible servicio forense, cuya suspensión durante cinco días provocó la acumulación de cadáveres por analizar y el repudio generalizado de sectores múltiples, el resto de funcionarios judiciales mantienen en pie una huelga nunca antes vista. Intentan presionar a los diputados oficialistas y opositores para que atenúen la reforma legal y les garantice condiciones ventajosas en relación con otros regímenes de pensiones. El tema tiene ocupado a este país de acelerado envejecimiento, al punto de proyectar que en el 2050 un tercio de la población tendrá 60 años o más, sin que nada esté preparado para esa circunstancia.

Mientras los diputados discuten las cifras de la posible reforma legal, los magistrados de la Corte Suprema se reunieron este jueves y acordaron solicitar la declaratoria de ilegalidad del movimiento de protesta, aunque el dilema raya en lo absurdo: los juzgados están cerrados por la huelga y deben hallar alguno dispuesto a trabajar para recibir la petición en contra de esa misma huelga, como reconoció el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, en declaraciones a la prensa.

No hay juicios, no se emiten certificaciones, no hay diligencias internas ni se atienen investigaciones criminales. En algunos casos, tampoco se reciben denuncias; la Defensoría de los Habitantes publicó el desamparo de una mujer que no pudo denunciar un caso de agresión en que su vida corría peligro, en San Isidro de El General, una ciudad al sureste de San José. El Poder Judicial, una de las columnas de la estabilidad social reconocida a este país centroamericano, vive momentos de crisis y desafía la imagen aceptable que le acreditan los costarricenses en las encuestas. En la prensa local y las redes sociales abundan las opiniones que consideran que el gremio judicial quiere aferrarse a sus privilegios sin importar los crecientes apuros fiscales del país.

Ahora los 1.300 empleados judiciales pueden jubilarse a los 60 años si son mujeres o 62 los varones; incluso antes, a los 55, si tienen 30 años de servicio. Al pensionarse reciben el 100% del promedio salarial de los últimos dos años, el período de mayores ingresos en la carrera. En la cotización el empleado aporta el 11% del sueldo y el Estado debe aportar el 15,6%, aunque especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) consideran que los aportes debería duplicarse para lograr el equilibrio en el futuro, lo cual sería imposible de aplicar. El déficit del fondo de pensiones ronda un monto equivalente a los $9.300 millones de dólares o al 60% del Presupuesto Nacional 2017.

La amenaza a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones ha provocado en este año un debate público intenso y preocupación popular, sobre todo a los 2,8 millones de afiliados al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal en este país. Sus condiciones son muy inferiores a las del sistema del Poder Judicial, lo que provoca críticas y censura a la huelga iniciada el miércoles 19 de julio.

Diputados de una comisión especial sobre pensiones acordaron de manera preliminar, este jueves, algunas modificaciones como elevar la edad de retiro a 65 años e incrementar el aporte del funcionario de 11% a 15%. También reducir el monto de jubilación a un 85%, no 100%, y no basarlo en el promedio de lo sobre los últimos 24 salarios, sino sobre los últimos 20 años para fijar el monto de manera más apegada a las cotizaciones.

Términos como estos son los que los gremios judiciales consideran “una burla” y por eso amenazan con “un posible recrudecimiento” de la huelga y la intención de presionar el gobierno de Luis Guillermo Solís, que hasta ahora se ha mantenido al margen. Al cierre de esta información los dirigentes gremiales se mantenían en una encerrona y exploraban vías de acción para conseguir una reforma más liviana y satisfactoria para los 13.000 funcionarios que sostienen la huelga y casi 4.000 jubilados que los apoyan.

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