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El poder judicial en España, al servicio de los caciques y oligarcas de los partidos

La Administración de Justicia es seguramente, de los tres poderes del Estado, el que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos.

Echa a andar un nuevo «año judicial» y todavía resuenan los reproches que el Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial -el gobierno de los jueces- les ha hecho a principios de la semana al Gobierno y a los líderes de los partidos políticos culpables de que el mismo lleve varios años sin renovarse (debería haberse renovado en diciembre de 2018)… me refiero al último lunes, 6 de septiembre, día de apertura del «Año Judicial», momento en el que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentó la Memoria anual sobre el Estado, funcionamento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

Son muchos los que afirman que, si no se produce pronto, con urgencia, un pacto entre los principales partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, nos acercamos peligrosamente a un «colapso» de la Justicia.

Todo ello me recuerda, por enésima vez, el libro de Alejandro Nieto, ex Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad Complutense, que lleva por título «El desgobierno judicial», cuya lectura recomiendo de manera urgente a todos los que les preocupa el actual estado de la Justicia. El libro fue editado en el año 2004, y la descripción que en él se hace –de absoluta actualidad- del poder judicial y de la administración de justicia es realmente deprimente, descorazonadora.

En España es un secreto a voces, y motivo de constante “alarma social” que en la Administración de Justicia se producen abusos de poder, prevaricaciones dolosas o culposas, encubrimientos corporativos, dilaciones indebidas dolosas, pérdidas de documentos, tráfico corporativo de influencias, tráfico de influencias de grupos de presión (o “lobbies”, como ahora se los nombra…) sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o usuarios de la Administración de Justicia o, también, a los abogados y procuradores para que no firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados, fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 24, apartados 1 y 2, afirma que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia…”

Lo que no aclara el articulado constitucional es si se presupone, se da por hecho, que los ciudadanos corrientes y molientes son “inocentes” en el sentido de cándidos, fáciles de ser engañados, incautos, “simples”; o por el contrario, “no culpables… mientras no se demuestre lo contrario”.

También es obligado recordar que, la Constitución Española de 1978, en su artículo 14, afirma que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Para que se garantice el derecho constitucional a la “Tutela Judicial Efectiva”, es imprescindible la intervención de un juez imparcial.

Es absolutamente inadmisible que el juzgador realice su labor a partir de simpatías, o fobias, u odios… o que se deje llevar por deseos tales como el de beneficiar a alguna de las partes, ya sea movido por el miedo (amenaza) o con el ánimo de obtener un beneficio personal (soborno) o por presiones de su entorno (superiores jerárquicos, grupo social, opinión pública, grupos de presión, lobbies, etc.).

Permítaseme recordar que otro requisito fundamental para que se pueda afirmar que una determinada nación posee un Estado de Derecho, es que las decisiones judiciales sean previsibles. El derecho debe otorgar al ciudadano “seguridad”.

La seguridad jurídica implica que los justiciables puedan saber a qué atenerse cuando acuden a los tribunales. La persona que acude a un juzgado debe de tener el grado máximo de certeza. Es inadmisible que quien acuda a los tribunales lo haga como el que acude a un casino de juego… el ciudadano debe tener posibilidad de anticipar el resultado final del proceso, no puede ser que acuda –como ocurre en la actualidad- con una absoluta incertidumbre… No olvidemos que esta es la clave de que el sistema judicial inspire mayor o menor confianza al ciudadano…

Y, ¿qué me dicen de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales?

Lo arbitrario está reñido con el Estado de derecho, pues el derecho es, justamente por definición, todo lo contrario de la arbitrariedad. Para que el sistema judicial inspire seguridad, es conditio sine qua non la sujeción de los jueces al derecho, a los hechos, a las pruebas, a la jurisprudencia, y, además, a la lógica y a la realidad. Las cosas en España distan muchísimo de ser así…

Por descontado, – ¡faltaría más!- respecto del desbarajuste que sufre la Justicia en España, nadie quiere asumir responsabilidades, nadie tiene culpa de nada, siempre hay disculpas para todo, y quienes tienen capacidad de decidir, acaban diciendo que la culpa del desaguisado es de los otros.

Se suele decir que quienes no tienen intención de solucionar algún problema, buscan pretextos, en lugar de buscar soluciones. Algunos crean “observatorios” a través de los cuales, sobre todo, ponen mucha atención… aunque no solucionen nada de nada.

Y, para recochineo, los bufones, trobadores y aduladores de los medios de información no paran de repetir que, tenemos un sistema judicial maravilloso y unos jueces que son el no va más, y que son «los políticos» los que crean problemas al politizar la justicia y judicializar la política…

También están los ministros que en lugar de tomar iniciativas para resolver problemas, ponen en marcha “reformas” que en lugar de dar soluciones, crean mayores problemas que los que supuestamente se pretendían resolver…

La triste realidad es que sigue sin haber voluntad de solucionar el problema de la Justicia. Hemos llegado a tal extremo, que ya no caben parches, ni ungüentos. Como dice el profesor Nieto, es imprescindible recurrir a medidas quirúrgicas. Dado que los años pasan, y nos vamos haciendo viejos, y no se adoptan tales medidas quirúrgicas, a la única conclusión a la que podemos llegar, es a la de que los políticos son los primeros interesados en que las actuales perversiones de la justicia sigan existiendo, para que el Poder Judicial no los pueda controlar, y para poder así, seguir controlando la Administración de Justicia desde el Ministerio del ramo.

Tal como señala el profesor Nieto, la intervención de los políticos en la Administración de Justicia ha sido una constante en la historia de España, en los últimos siglos. El poder político ha manejado a los jueces a su antojo, y ha influido sin pudor en sus resoluciones, ha entregado los juzgados a jueces “afines”, ha creado una red clientelar y los ha premiado por los servicios prestados… Daba igual el régimen político del que se tratara, las constituciones y las leyes siempre eran ignoradas y despreciadas.

En la España actual se nos dice constantemente que vivimos en un Estado de Derecho, entendiendo como tal que todas las actividades públicas (como las de los particulares) deben estar sometidas a la ley, y que el poder judicial es el encargado de garantizar que así sea. En definitiva, que el poder judicial debe estar controlado por los jueces, aunque parezca de Perogrullo la expresión. Pero, cuando el poder político no tiene ninguna intención de dejarse controlar, ni sujetarse a la ley, entonces recurre a boicotear el sistema, aunque conserve el nombre y la fachada formal, para lo cual solo le basta con seguir la tradición de corruptela. Los partidos que se han turnado en el poder desde el final del régimen del General Franco, respetan cínicamente la fórmula del Estado de Derecho, al que han ido vaciando de todo contenido, respetan en apariencia las competencias del poder judicial, dominan a los jueces que lo integran y así se aseguran que el poder judicial no perjudique a sus intereses y mucho menos controle sus actuaciones.

Cada cierto tiempo “sufrimos” una serie de reformas, que lejos de pretender una auténtica y profunda reforma de la justicia (pese a la retórica vacía de los trovadores del régimen) lo único que demuestran es la lucha de los diversos grupos de presión por patrimonializar el poder judicial. Los protagonistas de tales reformas-luchas siempre suelen ser cuatro: el PSOE, el PP, los miembros de la carrera judicial y las Comunidades Autónomas.

Ésta es la injusta justicia que padecemos en España y que ha llevado a que sea la institución peor valorada de todas, con la frustración permanente de esos Jueces, Fiscales y Abogados (con mayúscula pues aún quedan algunos íntegros e independientes), que ven con absoluto desencanto como su correcta actuación, ajustada a los parámetros de un Estado de Derecho no sirve para nada, mientras son marginados o brutalmente represaliados por negarse a perder su honor y dignidad, en una Justicia que sigue siendo esa tela de araña que, atrapa al débil y de la que sólo el fuerte consigue escapar tras rasgarla fácilmente.

En este panorama, la posición de muchos jueces (insisto, también hay jueces honestos, ¡ojo!) es desesperanzadora: son conscientes de la manipulación de los políticos, se ven obligados a aplicar normas éticamente intolerables, e incluso se las ven y se las desean para intentar aplicar –incluso- las normas más o menos buenas, que el ordenamiento legal pone a su alcance.

La realidad, lamentable realidad, es que no pueden asistir a las pruebas, tampoco tienen tiempo de leer los escritos que presentan las partes en conflicto (tal como la ley les obliga) y se ven incapaces de dictar sentencia en los plazos establecidos, al no disponer del tiempo necesario para redactar sus resoluciones (por lo cual han de encargárselo a funcionarios que no son jueces) De este modo, se les está negando a los justiciables el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva –artículo 24 de la Constitución- del cual según la Constitución son los encargados de proteger.

Todo es un paripé, una cínica farsa, que finaliza con la publicación de sentencias “en audiencia pública”, como la Constitución dice, y nunca se realiza.

Para poner remedio a todo ello, los políticos deberían renunciar a la utilización partidista de la justicia, y a la judicialización de la política, a lo que por lo que vienen demostrando legislatura tras legislatura, no están dispuestos.

O nos tomamos en serio la reforma de la Justicia o nunca tendremos una democracia seria. Pues la Administración de Justicia no es sólo cosa de los jueces y de los políticos, es cosa de todos los ciudadanos, y a todos nos concierne. Nadie puede decir que el asunto le trae al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta “justicia injusta” que no nos merecemos. Sufrimos una justicia lenta, cara, arbitraria, ineficaz, desigual, imprevisible. Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre.

Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia no para que actúen arbitrariamente y hagan su santísima voluntad (incluso escudándose en aquello tan socorrido de «yo juzgo en conciencia»), sino en el sentido de que en España se profundice en la estricta separación de poderes y los jueces y tribunales no actúen al dictado de los políticos… independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas.

No deja de ser deseable que la Administración de Justicia, como servicio público, funcione, pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “estado de derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”.

Es imprescindible acabar con el “desgobierno judicial” que actualmente sufrimos. Es hora ya de que los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales.

Los españoles no nos merecemos la injusta justicia que padecemos, lenta, cara y arbitraria; hay que acabar con la idea que la mayoría de los ciudadanos tiene de la judicatura, de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad…

Las resoluciones judiciales, sus fundamentaciones, deben estar basadas en el articulado constitucional y no en las opiniones y preferencias ideológicas de jueces particulares; independientemente del tribunal o de la instancia de que se trate.

Nadie puede decir que el asunto de la Administración de Justicia le traiga al fresco, pues tarde o temprano puede sufrir las consecuencias de esta “justicia injusta” que los españoles no nos merecemos.

Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre.

El poder judicial en cuanto a institución constitucional, no existe, es un gran engaño, una falacia, una estafa intolerable (aunque, hay que reconocer que afortunadamente sigue habiendo jueces y fiscales que pese a las coacciones políticas, corporativas e institucionales, tienen la valentía de imponer la ley).

Así que, no se dejen engañar: El poder judicial en España es una burla cruel, una estafa intolerable, al servicio de los caciques y oligarcas de los partidos políticos…

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