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El PP busca «no cargar» con la dimisión de Lesmes y trata de poner la pelota en el tejado de Sánchez

Durante más de tres años, Gobierno y Partido Popular han protagonizado numerosas idas y venidas a cuenta de la renovación del Consejo General de Poder Judicial. A día de hoy, la está más enrocada que nunca y a eso se suma que, en los últimos días, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha dado ya un ultimátum a lo políticos.

Lesmes dejará su puesto si PP y PSOE no se ponen de acuerdo antes del 12 de octubre, fecha que daba a conocer esta semana El Confidencial. En el caso de que dimita solo, no habría mayor problema ya que sería sustituido por el presidente de Sala más antiguo. El inconveniente llegaría si el todavía presidente del CGPJ no se marcha solo. En el que caso de que dimitan 9 vocales junto a él, no habría suficientes miembros en el Consejo para constituir el pleno y no podrían tomar decisiones como, por ejemplo, establecer acciones disciplinarias o designar jueces de refuerzo en el caso de que fueran necesario.

Un escándalo con el que el PP no quiere cargar

La dimisión del presidente del CGPJ sería además un escándalo con el que el Partido Popular no quiere cargar ya que daría una «imagen nefasta tanto a nivel nacional como europeo», aseguran. Por ello, en las últimas horas, fuentes de la formación explican que tratarán de colocar toda la responsabilidad de lo que pueda suceder con Lesmes sobre las espaldas de los socialistas.

Así, en los próximas días, los cargos del PP insistirán públicamente en la idea de que ellos están «dispuestos y a la espera» para para negociar un acuerdo pero que es el PSOE el que no mueve ficha y el «culpable» de lo que está sucediendo.

Además, el responsable de Justicia del PP e interlocutor designado para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Esteban González Pons, envío el pasado viernes al ministro Félix Bolaños una carta para retomar la negociación. Una misiva que también remitió a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová; y al comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, de su iniciativa.

Desde el PP insisten en que sus propuestas son «fácilmente aceptables» y van en la línea de la UE: «La renovación no es solo una cuestión de nombres y cuotas. Los candidatos deben cumplir unos requisitos: no proponer por el turno de juristas a jueces que no fueran candidatos respaldados por sus compañeros y realizar la elección del presidente una vez estén designados los nuevos vocales».

Los populares proponen además acometer la actual renovación «con el actual sistema», y piden, eso sí, que el Gobierno se comprometa de forma simultanea a registrar una proposición de ley para «despolitizar la Justicia», acabar con «las puertas giratorias» o evitar nombramientos en el CGPJ si han estado en política durante los cinco años previos.

Es precisamente ese cambio del sistema de elección lo que no ven bien dentro del Gobierno. Los de Pedro Sánchez ha insistido en que no nombrarán, de momento, a los magistrados del TC que le corresponden. El Ejecutivo esperará a que el CGPJ mueva ficha y designe al par de jueces en el Alto Tribunal. Tanto Sánchez como la ministra de Justicia, Pilar Llop, han augurado que esto sucederá «muy pronto» pese a que la fecha que impuso Bolaños, el 13 de septiembre, ya ha caducado.

La Moncloa quiere «dejar a los jueces trabajar» y evitar otro enfrentamiento abierto con los magistrados. En el Gobierno «no contemplan otro escenario» y están seguro que «en unos días habrá ese acuerdo». Una vez que eso suceda, el Gobierno «esperará» y nombrará a los dos jueces del Constitucional que le corresponden, informa Rubén Fernández.

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