Una vez que ayer se conoció el sobreseimiento de la causa por supuesta financiación ilegal contra el PP de Salamanca y concretamente contra el que fuera su presidente Javier Iglesias y la gerente provincial de la formación, Isabel Sánchez, los responsables del PP en Salamanca han ofrecido una rueda de prensa en la que han exigido la dimisión de los máximos dirigentes del PSOE y de Podemos en la comunidad.
El presidente de la Diputación y ex presidente del PP provincial ha querido sentenciar que «no ha existido financiación ilegal del PP de salamanca. Los cargos, afiliados, entregaban libre y voluntariamente aportaciones económicas para pagar la cuota de afiliados que no estaban al día y conseguir que cumpliesen el requisito para votar en las primarias. Como expone el auto judicial».
García Carbayo, actual alcalde de salamanca y presidente provincial del PP, se ha quejado del daño que se ha hecho a la formación de forma deliberada y a sabiendas de ser conocedores de no existir delito alguno señalando que «lo único que se ha buscado es destruir política y personalmente a los cargos populares».
Igualmente ha querido «señalar a los responsables de la penosa situación por la que han pasado en el PP salmantino por la denuncia de la formación de izquierda «Los Verdes» a los que la sentencia les reprocha mala fe».
Y por último ha dirigido su discurso contra los dirigentes socialista y de Podemos en Castilla y León «Luis Tudanca y Pablo Fernández deben presentar su inmediata dimisión y pedir perdón a salmantinos y compañeros de partido por la falta de escrúpulos».
Caso Primarias
Los hechos se remontan al año 2017, cuando se llevó a cabo un proceso interno para la renovación de la Junta Directiva del PP en la provincia de Salamanca, un proceso que ganó el actual presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco.
Fue entonces cuando una «denuncia anónima» alertó a la fiscalía del supuesto pago de cuotas de afiliados del partido, que al no encontrarse al corriente de pago, no tenían derecho a participar en dicho proceso. Se buscaba la procedencia de 24.000€ «sin justificar» en dicho proceso.
Finalmente, después de muchos años de instrucción, ha quedado acreditado que la procedencia de ese dinero, un dinero que sirvió para que los afiliados que por diversas causas económicas no podían votar, pudieran hacerlo, fue puesto por «cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente».
