El Partido Popular sigue trabajando en imponer todo tipo de cortafuegos a la Ley de amnistía para impedir su aplicación por considerarla inconstitucional. A la reforma del Reglamento del Senado para alargar su tramitación, se suma ahora la posibilidad de imponer el control de los órganos constitucionales que el PSOE busca eludir tramitándola como Proposición de Ley por la vía de urgencia.
Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo explican a Libertad Digital que, una vez la norma llegue a la Cámara Alta, estudian vías legales para pedir un informe al CGPJ y que emita dictamen sobre la misma. De esta forma, sería estudiada por jueces antes de su aprobación definitiva y de presentar recurso al Tribunal Constitucional, controlado por Cándido Conde Pumpido.
El informe del CGPJ resultaría clave también en la batalla que el PP lleva a cabo en Europa, ya que hasta ahora disponen de los comunicados críticos sobre los acuerdos firmados entre PSOE y Junts, pero no de un estudio elaborado sobre la ley objeto de la polémica, que acaba de ser registrada en el Congreso.
El recurso a esta vía frenaría la pretensión del Gobierno de tramitar la norma sin contar con la opinión del órgano de poder los jueces, ni del Consejo de Estado, para evitar que puedan pronunciarse en contra y complicar su aprobación.
El PP prepara el terreno de batalla
El Ejecutivo ya empleó esta misma estrategia en la pasada Legislatura cuando aprobó los indultos a los condenados por el 1-0 tramitándolos por la vía de urgencia, lo que le permitió eludir el control institucional y jurídico. El objetivo era evitar lo ocurrido con la Ley del sólo sí es sí cuando el CGPJ alertó, sin éxito, de las graves consecuencias que traería, ya que abría la puerta a la suelta de violadores y pederastas, como acabó ocurriendo.
El PP quiere evitar que algo así vuelva a repetirse y, para ello, el portavoz, Javier Arenas, ha creado un grupo de trabajo coordinado por la senadora y presidenta de la Comisión General de CCAA, Luisa Fernanda Rudi. Su objetivo, según informa el partido, es «recopilar informes y adelantar el trabajo en el Senado antes de que la ley entre en la Cámara Alta ante el nulo apoyo documental que acompaña a la Proposición de Ley del PSOE».
Se trata de «cubrir la falta de dictámenes y opiniones de expertos al ser tramitada como proposición de ley y no como proyecto de ley». Entre esos informes estaría el del CGPJ. El equipo estará integrado por hasta 18 senadores, además de asesores y abogados, entre los que se encuentran Javier Maroto o José Antonio Monago.
Además de activar esta vía, fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan a la posibilidad de plantear un conflicto de competencias ante el TC entre el Congreso y el Senado, como órganos constitucionales del Estado, y que se da cuando cuando uno de ellos «adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o leyes orgánicas confieren» al otro. Se trataría de otro mecanismo más para intentar frenar la norma.
