El PP pregunta a Ribó «cuál es el plan» con el concejal Fuset tras la multa por la encuesta fallera

La Agencia de Protección de Datos ha abierto un expediente contra el Ayuntamiento cuya sanción tendría un importe mínimo de 300.000 euros

El presidente de la gestora del PP de Valencia Ciudad, Luis Santamaría, ha preguntado hoy al alcalde de Valencia, Joan Ribó, «cuál es el plan» con el concejal Pere Fuset después de que la Agencia de Protección de Datos haya abierto un expediente sancionador a costa de la famosa encuesta que Fuset hizo a los representantes del mundo fallero, y en la que preguntaba por cuestiones como las afinidades políticas o la religión de los participantes”.

Santamaría ha afirmado que la Agencia «da la razón» a quienes dijeron que era ilegal, «que no se debía haber preguntado nunca por la orientación política de los encuestados, a los que además se identificaba».

El presidente de la gestora de Valencia indica que esta multa, revelada por el diario Las Provincias este sábado, «pone de manifiesto la ausencia de un Gobierno municipal cualificado» y señala que «Ribó no tiene ningún plan para la ciudad, ni para el Gobierno, ni para Fuset. Su único plan consiste en ausentarse e irse de vacaciones de forma recurrente».

Santamaría ha destacado que el concejal de Compromís «está enfrentado y reprobado por el mundo fallero y además ahora multado por la Agencia de Protección de Datos»; cuestiones por las que, a su juicio, ya debería haber presentado su dimisión».

Multa de 300.000 euros, «como mínimo»

Además de los «populares», Ciudadanos se suman a la pregunta de «quién va a asumir el pago de la multa». Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, indicó ayer en un comunicado que «El responsable político de las sanciones por la encuesta es Ribó ya que las ha respaldado en repetidas ocasiones tanto en ruedas de prensa como en el Pleno. Por eso, desde Ciudadanos decimos que Ribó debería pagar las sanciones de su bolsillo».

Según la Ley de protección de datos, esta sanción tendría un importe mínimo de 300.000 euros pero que podría llegar a los 1,2 millones de euros. «Mucho nos tememos que acabarán pagándolo todos los valencianos en lugar de asumirlo Fuset o Compromís», ha indicado Santamaría.

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