El PP ha presentado una solicitud para que el Senado constituya una comisión de investigación que se encargue de indagar sobre la presunta financiación irregular del PSOE valenciano y más en concreto sobre el papel desempeñado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
De hecho, según ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, su formación pretende que Puig sea el primero en declarar ante la comisión en el caso de que su constitución sea avalada por el pleno de la Cámara Alta.
En este sentido, Maroto no contempla ni por asomo que el PSOE se oponga a la creación de esta comisión de investigación, porque en ese caso, sostiene, estaría «condenando a Ximo Puig de forma inmediata»; él está convencido de que si lo socialistas optan por «no aclarar» todo lo que atañe al presidente «lo estaría condenando políticamente».
El grupo popular vincula la apertura de este instrumento parlamentario con las próximas elecciones autonómicas de mayo porque en opinión de su portavoz los valencianos que van a votar en esos comicios tienen derecho a saber «hasta qué punto Puig está metido en un asunto que suena a corrupción» y conocer a fondo sus «presuntos trapos sucios».
Maroto ha adelantado que la iniciativa obedece a que ya hay «demasiadas evidencias de presunta corrupción o conducta ilícita» de miembros del Gobierno de Puig que incluso le afectan personalmente. Así, ha mencionado subvenciones a empresas relacionadas con la trama del caso Azud, sobre presunta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana y que ya está sujeta a indagaciones judiciales por supuestos sobornos y comisiones ilícitas.
Javier Maroto ha insistido en que todo este asunto «es muy grave», lo ha calificado de «escándalo» con «dimensión nacional» y ha confiado en lograr los apoyos necesarios para que, una vez que la Mesa califique la semana próxima el requerimiento y tras pasar por la Junta de Portavoces se apruebe en el pleno cuanto antes. Su propósito es que los trabajos de la comisión se desarrollen rápidamente para que tenga listas sus conclusiones antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
