El PSOE, ERC, Unidas Podemos y EH Bildu han tumbado la Comisión de investigación sobre el Caso Tito Berni o Mediador en el Congreso de los Diputados. Y también en Europa. Los socios de la izquierda han acordado en España impulsar investigaciones sobre las irregularidades detectadas en las obras de 200 cuarteles de la Guardia Civil, en vez de investigar el caso que afecta al PSOE y a un general retirado del Cuerpo que actuó integrado en una fundación dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Y en Europa, los mismos partidos pero a nivel comunitario, han pactado tumbar la investigación en el Parlamento Europeo justo cuando se había detectado el rastro de un presunto uso de fondos de la UE en la trama.
La decisión de ERC, Bildu, PSOE y Podemos impide así, dentro y fuera de España, que se pueda analizar y censurar políticamente una enorme trama de presunta corrupción que abarca el área regional de Canarias; el nacional del uso del Congreso de los Diputados y dependencias de la jefatura de la Guardia Civil para los encuentros de la trama y de tres, por ahora, comunidades autónomas adicionales; y del área internacional, donde se investigan los contratos en los que pudo mediar el general Espinosa de la mano de la Fundación Internacional Iberoamericana en cuyo patronato se encuentran la vicepresidenta Nadia Calviño, los ministros Pilar Llop y José Luis Albares y 14 secretario de estado entre los que se encuentra Ángela Rodríguez Pam.
La postura en el Parlamento Europeo del Partido Socialista ha sido rotunda y ha tumbado cualquier intento de investigación del uso de fondos públicos comunitarios en la trama del Tito Berni.
Hay que recordar que ese rastro de fondos europeos es muy delicado e importante porque el general Espinosa mantuvo una plena coordinación con la Fundación Internacional Iberoamericana -dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez- durante el periodo en el que la Justicia investiga el posible fraude en la concesión de contratos en el Sahel, el área de destino del general denominado en la trama del Tito Berni como Papá. Y esa Fundación utiliza fondos europeos de forma habitual.
La vinculación entre el general ya retirado y la entidad dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez se materializó incluso en la dependencia directa de la Fundación y en el cobro de una nómina mensual que llegó a superar los 9.700 euros en alguno de los pagos, como recoge la documentación en poder de la Justicia. El cierre a esta etapa de cobro de nóminas, además, se saldó con un notable pago indemnizatorio de 32.026 euros procedente de la misma Fundación: la misma que cuenta en su patronato con la presencia destacada de Nadia Calviño, Pilar Llop, José Manuel Albares y catorce secretarios de Estado entre los que se encuentra Ángela Rodríguez Pam.
El general, pese a todo ello, ha asegurado en sus declaraciones que él no disponía de capacidad para influir en la concesión de contratos públicos. Pero el Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife investiga ya cuatro contratos en el Sahel, pagados por la Fundación, y por un importe global de más de dos millones de euros.
