Los socios del Gobierno afrontan esta semana la crisis más grave desde el inicio de la legislatura. La modificación de la polémica ley del solo sí es sí anunciada este lunes por el PSOE ha hecho temblar los cimientos de la coalición.
La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha anunciado esta mañana que el grupo parlamentario de su partido presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para «corregir» los «efectos indeseados» de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
El PSOE confía en lograr el apoyo de Unidas Podemos, pero advierte de que darán un paso adelante y presentarán la reforma por su cuenta si no hay acuerdo.»La posición del PSOE, si no se llegara a un acuerdo, está clara (…) Si en el caso de no darse esa puesta en común o negociación positiva, por parte del PSOE sí que daremos un paso adelante», ha zanjado.
Fuentes de la parte socialista del Gobierno han incidido en que la intención es presentar la reforma en un plazo «muy inmediato» y han explicado que la base sobre la que están trabajando es la propuesta que prepara el Ministerio de Justicia, al ser «la fórmula más rápida» y tratarse de un departamento que cuenta con «buenos penalistas».
La propuesta de Justicia
El anuncio del PSOE se basa en una propuesta del Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, en la que retoma las penas anteriores a la ley del solo sí es sí de entre 1 y 5 años de prisión en el caso de agresiones cometidas empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Y si hay penetración, propone una pena de seis a doce años de prisión. Mientras, si hay agravantes, las penas volverían a situarse entre los 5 y 10 años de cárcel si no hay penetración, y de 12 a 15 en el caso de haberla.
En el caso de que se pueda imponer una reducción de condena al agresor, remarca que el tribunal tendrá que razonarlo en la sentencia y «siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180» de la ley. Asimismo, en las agresiones a menores de 16 años eleva las penas de 8 a 12 años de prisión sin penetración y de 12 a 15 si existe penetración. Mientras, apunta que si concurren dos o más circunstancias agravantes se impondrán estas penas en su mitad superior.
De este modo, el PSOE corregía al Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero, que hasta este fin de semana se resistía a cualquier cambio en la ley y, solo después de que Moncloa filtrara las negociaciones para introducir cambios, admitía que pudieran introducirse retoques sin afectar al «corazón» de la misma.
Mientras que Irene Montero hablaba de «corazón», Alegría se refería al «núcleo» de la ley y remarcaba que el texto que se llevará a las Cortes será pactado con Unidas Podemos. «Será un texto serio y riguroso», ha dicho Alegría en alusión a la nueva norma de la ley.
Podemos admite «retoques» pero defiende la norma
Desde la formación morada se niegan a admitir el fracaso de una norma cuya aplicación ha ido sistemáticamente en contra de su espíritu. Se pretendía aumentar la protección legal de las mujeres frente a los delincuentes sexuales y, desde que entrara en vigor, más de 300 condenados han visto rebajadas sus penas. Sin embargo, desde Podemos rechazan haber cometido error alguno y continúan culpando a los jueces «de la derecha».
Tras el revuelo de esta mañana, el Ministerio de Igualdad ha afirmado esta tarde que desde diciembre ha presentado al PSOE varias propuestas para reformar la ley, en las que se abre a «algún retoque» en las penas mínimas para evitar las rebajas de condenas, siempre que se mantenga el consentimiento en el centro de la norma.
Fuentes de Igualdad han manifestado a EFE que recuperar las penas de prisión anteriores a la ley supone dejar sobre la víctima la responsabilidad de demostrar que se resistió, que hubo violencia. «Es renunciar al modelo del consentimiento», remarcan. «Volver al sistema anterior es lo que propuso el PP y no es una propuesta de un Gobierno progresista», ha indicado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. Frente a ello, ha propuesto un plan de medidas urgentes que van desde la especialización judicial a la formación en violencias sexuales o el incremento de efectivos para la protección de las mujeres.
El consentimiento, en el centro
Según Alegría, la ley del sólo sí es sí era una norma «necesaria y demandada por la sociedad», en particular por los movimientos feministas, y enfocada a proteger a la víctima. Por ello, ha garantizado que «en ningún caso» se va a modificar el artículo referido al consentimiento de la mujer, una línea roja para Unidas Podemos. «El reconocimiento explícito del consentimiento de la mujer es el corazón de esta ley y, por tanto, en ningún caso se va a tocar dicho artículo», ha subrayado.
La otra idea central de la reforma anunciada por Alegría es que la propuesta va a recoger un aumento de las penas de los agresores sexuales. La ministra ha explicado que dan este paso ahora tras haber analizado las sentencias conocidas tras la puesta en marcha de la nueva ley y constatar que ha generado un «efecto indeseado» pero ha evitado hablar de asumir responsabilidades o de hacer autocrítica.
«Aquí lo importante son las soluciones», ha dicho Alegría, que tampoco ha querido responder a las críticas de algunos dirigentes de Unidas Podemos hacia el PSOE, ya que opina que no conviene hacer declaraciones que «dificulten el acuerdo» entre los dos socios del Gobierno de coalición.
En un año con dos citas electorales, los socios de la coalición comienzan ya a escenificar de forma ostensible su falta de sintonía. Fuentes socialistas del Gobierno afirman que están medidas las consecuencias políticas si presentan finalmente la reforma de forma unilateral, pero señalan que todas las formaciones que integran el Ejecutivo tienen que medirlas, no sólo el PSOE.
Las mismas fuentes comentan que la postura dentro de Unidas Podemos sobre esta cuestión no es monocorde y recalcan que se está hablando con todos para poner una solución. Asimismo, estas fuentes consideran que todos los grupos parlamentarios van a estar a favor de elevar las penas a agresores sexuales, incluido el PP.
