El Supremo considera muy difícil la excarcelación de Forn y los Jordis pese a haber renegado del 1-O y de la vía unilateral

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La semana que viene, probablemente el lunes, el magistrado Pablo Llarena dictará un auto en el que resuelva sobre la petición de libertad de Jordi SànchezJordi Cuixart y Joaquim Forn, y otro distinto sobre la de Oriol Junqueras para ser acercado a una cárcel en Catalunya y salir de ella para votar en la sesión constitutiva del Parlament. De nuevo, las posibilidades de que el juez instructor de la causa especial 20907/2017 excarcele bajo fianza a los imputados son muy escasas a pesar de la retractación de los tres en su declaración del pasado jueves.

El magistrado Llarena no está obligado a creer las intenciones de los declarantes ni tiene facultades para controlar su voto en la sesión constitutiva del Parlament, y en otras posteriores en las que se podría acordar una reforma del reglamento para que Carles Puigdemont fuese investido por delegación o por vía telemática. De tal manera que el juez podría seguir considerando que persiste el riesgo de reiteración delictiva, en línea con la argumentación de la Sala de Apelación de la Sala Segunda que desestimó por unanimidad el pasado día 5 la excarcelación de Oriol Junqueras.

¿Voto delegado?

El juez penal no puede alterar las mayorías parlamentarias y, para ello, facilitaría los mecanismos de delegación de voto que se establecen en el reglamento del Parlament. Según fuentes del Supremo, la Mesa de la Cámara, según esta norma, “debe establecer los criterios generales para delimitar los supuestos que permiten la delegación” que, en todo caso, deberá formalizarse “por escrito dirigido a la Mesa haciendo constar la persona que delega el voto y de la que recibe la delegación, así como como los debates y votaciones en que debe ejercerse o, si procede, la duración de la delegación”. También corresponde a la Mesa establecer “el procedimiento para ejercer el voto delegado, que puede incluir el voto telemático si es posible y se puede ejercer con plenas garantías”.

A pesar de que podría interpretarse extensivamente que un diputado provisionalmente preso tiene derecho a la delegación constante de su voto, no resultaría funcional ni sostenible en el tiempo este procedimiento que, además, acabaría si se produce un auto de procesamiento por delito de rebelión, que conlleva automáticamente la inhabilitación y la pérdida de la condición parlamentaria. De ahí que se estime que, previsiblemente, habrá renuncias y resultarán diputados los suplemente previstos en las listas. Habiendo modo de no alterar la correlación de fuerzas en el Parlament (mediante la delegación de voto) manteniendo en la cárcel provisionalmente a los imputados, Pablo Llarena muy dudosamente cambiará el criterio que ha venido manteniendo: sigue estimando que existe riesgo de reiteración delictiva. “Aunque todo es posible”, puntualizan fuentes del Supremo.

Oferta de pacto

Fuentes del Tribunal Supremo han confirmado la llamada el pasado martes de una abogada al despacho del magistrado instructor de la causa del procés interesando una entrevista con Llarena, y además han precisado que la letrada fue aún más explícita: se trataba de mantener una reunión con el magistrado de la Sala Segunda para “pactar las condiciones de la entrega de Carles Puigdemont“. La funcionaria, que no pasó la llamada a Llarena por indicación suya, recibió la instrucción de contestar a su interlocutora en los siguientes términos: “Lo que tenga que decir al instructor, por escrito”.

Hasta el momento no se ha presentado ninguno en ese sentido y se supone que tampoco se presentará porque los términos del planteamiento de la letrada se consideran “insultantes” para el Supremo e ignorantes del proceso penal. Más que indignación, la llamada ha causado también perplejidad por la escasa competencia profesional de quienes asesoran al expresidente de la Generalitat. Las mismas fuentes descartan que la comunicación telefónica fuese un fake porque la abogada se identificó e informó del despacho al que pertenecía.