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El Supremo no puede dar por probada la ‘caja B’ que motivó la moción de censura contra Rajoy

El Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles que el PP se lucró de la corrupción de la Gürtel en una sentencia que, con ligeros ajustes en las condenas, no puede dar por probadas las alusiones de la Audiencia Nacional a la ‘caja B’ del partido, ya que la formación no fue juzgada por estos hechos.

Once años después de destaparse la trama, la Sala de lo Penal ha dado carpetazo a la Época I de la Gürtel (1999-2005) al confirmar, con pequeñas variaciones, las penas de los 29 acusados y el grueso de la sentencia que hace dos años desencadenó la moción de censura para derribar al Gobierno de Mariano Rajoy, a quien no se menciona en las 1.844 páginas de la resolución, dictada por unanimidad.

Los magistrados dan por acreditado que el PP se benefició de los negocios de la trama Gürtel y hacen referencia, como ya hizo la Audiencia, a un «auténtico y eficaz sistema de corrupción» creado entre Francisco Correa y cargos del Partido Popular mediante manipulación de la contratación pública en comunidades y ayuntamientos gobernados por ese partido.

En concreto, el PP se lucró de los actos electorales que sufragaron las empresas de Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo, de manera que, como responsable a título lucrativo, la sentencia obliga al partido a devolver los 245.492 euros de modo directo y solidario con otros siete condenados.

La participación a título lucrativo presupone que el PP no participó en el delito y desconoció su comisión, pero recuerda el Supremo que si el partido hubiese reintegrado el dinero antes del juicio, su presencia hubiese sido innecesaria.

Ahora bien, el tribunal sí atiende parcialmente el recurso del PP respecto a las alusiones a la caja B que la Audiencia hizo en su sentencia -con el voto particular de un magistrado-, aunque admite que dicha admisión «carece de efectos prácticos» y es intrascendente en el fallo.

La Audiencia consideró probado que el partido tenía desde al menos 1989 una estructura «financiera y contable paralela a la oficial» que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta.

Afirmaciones que el tribunal cuestiona porque ese asunto no se juzgaba -de hecho sigue investigándose aparte- y no se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa, lo que incurre en una «evidente contradicción», ya que «considerar que el PP era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos teóricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales».

Eso sí, precisa que una cosa es afirmar categóricamente que el PP delinquiera cuando aquí no ha sido enjuiciado por ello, y otra mencionar el resultado de medios de prueba relacionados con el partido -como esa caja B- para configurar el contexto de los hechos, algo que la sentencia del Supremo sí avala, en concreto cuando detalla algunas maniobras del extesorero del PP Luis Bárcenas, como la compra de acciones de Libertad Digital con esos fondos.

Los magistrados sí respaldan sin matices la parte del relato donde la Audiencia habla del sistema de corrupción que crearon las empresas del Grupo Correa con cargos el PP y que hizo que éstas gozaran de un «arbitrario trato de favor» en las contrataciones.

Así, la trama cometió sobornos, emitió facturas falsas y creó un entramado para conseguir contratos públicos y ocultar el origen ilícito y el destino de los fondos, un sistema liderado por Correa y en el que Bárcenas, condenado a 22 años, tuvo un papel primordial.

De Bárcenas dicen los magistrados que «al margen de la actividad delictiva que en común llevó a cabo con otros acusados, desarrolló por su cuenta, y cuando lo precisaba en colaboración con su mujer, otra actividad dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropiándose de fondos del PP». Fruto de sus ilícitas actividades, «logró acumular un importante patrimonio, que ocultó a través de un entramado financiero en entidades bancarias suizas» con maniobras que, además, demuestran «una permanente actitud defraudatoria», un modus operandi al que contribuyó activamente su mujer, Rosalía Iglesias.

Ella, señala el Supremo, tenía «pleno control» de las cuentas llegando a «cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo».

Iglesias es una de las 29 condenadas a quienes el Supremo rebaja ligeramente la pena (12 años y 11 meses), aunque en la práctica, los ajustes en las condenas no suponen grandes cambios para ellos.

Sigue siendo Francisco Correa, líder de la trama y en prisión desde hace años, quien tiene el mayor castigo penal (51 años), seguido del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40), a quien el Supremo ha elevado dos años la pena; y Pablo Crespo, con 36 años.

La de Bárcenas disminuye cuatro años hasta los 29, los mismos que se reduce la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo (27).

Mantiene la de Jesús Sepúlveda (14), exalcalde de Pozuelo y exmarido de la exministra Ana Mato, quien, por su parte, deberá devolver 27.857 euros tras ver ratificada su condena como partícipe a título lucrativo por los viajes y servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia, incluido cumpleaños y una comunión.

Precisamente Sepúlveda, junto a Rosalía Iglesias, eran los dos principales condenados que estaban en libertad. Con la sentencia ya firme, todo indica que deberán entrar en prisión.