El Tribunal Supremo celebra este lunes la vista en la que las defensas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y de otros 13 investigados contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el ‘procés’.
Sus defensas argumentarán contra el auto que dictó contra todos ellos el magistrado Pablo Llarena, que les procesa por delitos de rebelión, malversación o desobediencia.
El procesamiento de los investigados será revisado por los magistrados Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, que el lunes escucharán los argumentos de las defensas de Puigdemont, Junqueras, el expresidente de ANC Jordi Sànchez; los ‘exconsellers’ Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Clara Ponsatí (en Escocia), Lluís Puig (en Bélgica) y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
También han apelado los que exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria Joan Josep Nuet y Anna Simó, acusados de desobediencia; los exconsellers Carles Mundó y Santi Vila, de desobediencia y malversación; así como Jordi Cuixart, al que se imputa inicialmente rebelión.
Suspensión de funciones
La confirmación de esta resolución supondría cumplir con los criterios establecidos por el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender de funciones a 11 de estos investigados y evitar así que puedan ejercer cargos públicos. Además, este artículo exige que haya decretada una situación de prisión, que se da en el caso de los que están procesados por el delito de rebelión, incluidos los que se encuentran fugados de la Justicia española.
La suspensión automática se daría en el caso de Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Turull, Rull, Romeva y Comín, que mantienen su acta como diputados en el Parlament. Por otro lado, Bassa, Ponsatí, Puig y Forcadell no podrían acceder en un futuro a ningún cargo público ni presentarse a unas listas electorales mientras se encuentren en la cárcel y la aplicación de este artículo se mantendría hasta que haya una sentencia, que de ser condenatoria supondría penas de inhabilitación.
Además, la Sala estudiará en dicha vista el recurso presentado por la acusación popular ejercida por Vox que insistía en que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras deben estar también procesados. El juez Llarena explicó en dicho auto que ha sido impugnado que en la investigación no se ha incorporado ningún elemento probatorio que vincule a estos dos políticos con el ejercicio de la violencia desplegada ni con que previeran su utilización en el momento en el que desplegaron su actuación.
Por otro lado, Turull, Rull y Sànchez pidieron poder estar presentes en dicha vista, lo que ha sido denegada por la Sala al entender que no es «preceptiva su presencia».
«Valoración política»
En el caso del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el exconsejero de Exteriores y diputado de ERC en el Parlament, Raül Romeva, critican en sus recursos que las resoluciones dictadas por el juez Llarena tienen una «valoración política» porque en mucho de ellos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente.
Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, y Jordi Sànchez también rechazan en sus recursos la rebelión porque, según dicen, no hubo violencia en ningún momento. La defensa de los tres diputados de JxCat considera que Llarena es «consciente de la debilidad de la anterior calificación» y por ello ahora apunta inesperadamente a sedición o conspiración a la rebelión, tal y como dice el auto por el que Llarena los procesó.
