El TC estudia medidas contra la Sindicatura Electoral

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará hoy la adopción de medidas contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral designada la semana pasada, tras la aprobación en el Parlament de la ley del Referéndum. Los magistrados están analizando las primeras actuaciones de dicha Sindicatura, porque en principio estiman que podrían implicar nuevos supuestos de desobediencia. En concreto, el citado organismo designó a su vez a los miembros de las Sindicaturas de Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona, además de la correspondiente a Val d’Aran.

La primera lectura que se ha hecho en el Constitucional es que este paso podría suponer la comisión de varios delitos, aunque naturalmente debería ser la Fiscalía la que actuara y los jueces los que luego lo determinaran. Pero en el TC se entiende que si la ley del Referéndum había sido suspendida y la propia creación de la Sindicatura Electoral también, la designación de organismos territoriales para el cumplimiento de funciones que en los comicios corresponden a las juntas electorales ­implica un incumplimiento de las órdenes impartidas y, por tanto, puede dar lugar a la existencia de responsabilidades penales. Má­xime teniendo en cuenta que los miembros de la Sindicatura Electoral –Jordi Matas, Marc Marsal, Marta Alsina, Josep Pagés y Tania Verge– fueron notificados y advertidos personalmente de las ­posibles consecuencia de colaborar en la organización del referéndum del 1-O.

El TC podría aplicar por primera vez las medidas coercitivas que le brindó la ley

Si al final el Constitucional decide comunicar lo ocurrido a la Fiscalía no estará realizando algo muy distinto de lo que ya ha hecho en situaciones anteriores, con ­respecto a Carme Forcadell, por ejemplo, que ya ha sido objeto de tres querellas. Pero cabe la posibilidad de que el TC opte por aplicar por primera vez las competencias coercitivas que le dio la reforma legal de finales del 2015 para conseguir el cumplimiento de sus ­resoluciones. Estas atribuciones contemplan desde una multa hasta la suspensión en su cargo del responsable político que desoiga decisiones del Constitucional. La suspensión en el cargo no tendría sentido en este caso, porque es ­toda la labor que pudiera realizar la Sindicatura Electoral la que ya está suspendida. Pero no cabe excluir la imposición de multas. El ponente de este asunto es el magistrado conservador Santiago Martínez-Vares, quien hoy hará una propuesta concreta al pleno del Constitucional.

En paralelo, el TC estudiará hoy la respuesta que debe dar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que a su vez ha presentado una nueva impugnación. Se trata de un recurso de súplica contra la decisión de inadmitir de ­plano la recusación que ella misma presentó contra todos los miembros del Constitucional. El TC consideró que Forcadell no estaba cuestionando a magistrados concretos de manera más o menos fundada, sino que se dirigía contra la institución en su conjunto, y que la recusación presentada signi­ficaría, en el caso de prosperar, su paralización. El TC quiere afinar la contestación que dé al recurso de súplica de Forcadell. El ponente es el magistrado conservador Andrés Ollero.

El TC, finalmente, aceptó ayer a trámite, como estaba previsto, los recursos presentados por el Gobierno contra la ley de Transitoriedad y contra diversos preceptos del Código Tributario de Ca­talunya, y suspendió todas las normas impugnadas. En el caso de la ley de Transitoriedad acordó nuevamente que se notifique la resolución a todos los miembros del Govern, a los componentes de la Mesa del Parlament, a los integrantes de la Sindicatura Electoral y a los síndicos de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, advirtiéndoles de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

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