El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ultima la sentencia para avalar la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que prohíbe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos de jueces estando en funciones.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por PSOE y Podemos, entró en vigor en 2021 para presionar al Partido Popular en la renovación de CGPJ, colapsando el sistema judicial. PP y Vox presentaron entonces sendos recursos de inconstitucionalidad, cuya ponencia recayó en los magistrados izquierdistas María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. Tras la marcha de Xiol en la última renovación del TC, el magistrado conservador César Tolosa heredaba su ponencia sobre este asunto.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que «el Tribunal de Garantías previsiblemente dictará sentencia sobre la Ley que impide realizar nombramientos al CGPJ en las próximas semanas. De hecho, no se descarta que las ponencias de Balaguer y Tolosa puedan ser estudiadas en un Pleno en el mes de octubre».
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que «la ponencia de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer contempla desestimar el recurso de Vox y por tanto, avalar la Ley del Gobierno de Sánchez. Por el contrario, la ponencia del magistrado conservador César Tolosa se decantaría por estimar el recurso del PP contra la misma Ley».
«El bloque izquierdista del TC tiene mayoría de 7 magistrados frente a 4 conservadores. Por lo tanto, cuando las dos ponencias sean llevadas a Pleno, se dictará sentencia con la ponencia de Balaguer que desestima el recurso y se rechazará la ponencia de Tolosa. Es decir, el Constitucional avalará la Ley de Sánchez que impide al CGPJ realizar nombramientos cuando su mandato ha sido prorrogado», concluyen,
Inicialmente la reforma aprobada por el Ejecutivo impedía al CGPJ realizar cualquier tipo de nombramientos. Meses después, con el objetivo de efectuar la renovación del TC pendiente y que daba la mayoría actual a los magistrados izquierdistas bajo la presidencia de Conde-Pumpido, el Gobierno efectuaba una contrarreforma para que el Consejo únicamente pudiese designar a los dos magistrados correspondientes del Tribunal de Garantías.
Recordamos que el Consejo General del Poder Judicial venció su mandato en diciembre de 2018 y Carlos Lesmes dimitió después de que PSOE y PP no pactaran la renovación del CGPJ. El Gobierno de los jueces tiene dos funciones principales: realizar nombramientos y exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados. Por lo tanto, la reforma del Ejecutivo de Sánchez priva al Consejo de una de sus dos competencias clave.
Recordamos que Vox y PP alegaron en su recursos que la tramitación parlamentaria de la norma impugnada podría contravenir los artículos de la Constitución por defectos formales en su procedimiento parlamentario, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el CGPJ.
Mientras tanto, la justicia colapsada
A la espera de que el Tribunal Constitucional avale la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que impide al Consejo General de Poder Judicial realizar nombramientos, un posible pacto de renovación del CGPJ entre PSOE y PP parece estar más lejos que nunca, condenando a la justicia a su situación actual de parálisis. Sólo en el Tribunal Supremo, se contabilizan 22 vacantes de magistrados las 79 plazas que componen sus Salas.
No obstante, las plazas judicial sin cubrir afectan a tribunales de toda España como la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las Audiencias Provinciales de toda España. Según los últimos datos del CGPJ, se espera que a finales de este año el número de plazas sin cubrir supere las 80 en todo el país.
