Nadie en el Gobierno menciona al tesorero de Luis Rubiales. Nadie entre las feministas de Sumar parece caer en la cuenta de que el responsable del control del dinero de la Real Federación Española de Fútbolen medio de un interminable listado de escándalos financieros es un socialista de toda la vida: Eduardo Bandrés. Pero, mientras, otra de las ramificaciones de la estructura económica de Bandrés ha decidido iniciar el juego del escondite. Supuestamente, Bandrés es directivo de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). Pero en la web de Funcas se ha deslizado hasta la categoría de «colaborador» y en medio de una larga lista de colaboradores, como si alguien hubiese pensado que es mejor en estos momentos turbulentos esconder su figura.
El Gobierno ha acabado retirando el respaldo que dio durante largo tiempo a su amigo Luis Rubiales. Se lo otorgó durante todo el tiempo en el que se destapaban innumerables escándalos: desde las comisiones por llevar la Supercopa a Arabia, hasta la acusación de organizar fiestas con chicas con cargo a los fondos de la Federación, hasta el plus por vivienda autoasignado por Rubiales, hasta las extrañas relaciones con Piqué. Y durante todo ese tiempo una persona de la máxima confianza del PSOE ha permanecido dentro de la Real Federación Española de Fútbol, nada menos que con el cargo de tesorero. Su nombre es Eduardo Bandrés, un viejo conocido del socialismo aragonés, justo la misma comunidad que ahora organiza actos para rasgarse las vestiduras por el comportamiento de Rubiales y que ha visto crecer a Rubiales minuto a minuto.
El caso de Bandrés en Funcas es curioso. La propia web de la fundación de la cajas permite buscar su CV individual. Y en ese apartado se puede leer que Eduardo Bandrés Moliné es «catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza», «académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas» y «director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, editor de Cuadernos de Información. Económica y codirector de Papeles de Economía Española», además de, por supuesto, «tesorero de la Real Federación Española de Fútbol». «Fue consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón (1999-2006) y Presidente del Real Zaragoza (2006-2009)», completa la pestaña de Bandrés.
Pero para llegar a ese apartado hay que buscar. Porque, si no se busca, lo primero que se encuentra no dice eso. Dice que Bandrés es un mero colaborador. Uno entre un largo listado. De hecho aparece distribuido en un sitio nada destacado de la lista. Porque, por lo visto, ahora es conveniente que no llame la atención.
La Real Federación Española de Fútbol también ha plasmado en su documentación, tanto la actual posición de Eduardo Bandrés Moliné, como su CV. Es el «tesorero de la RFEF desde mayo de 2018«. Y no duda esa misma documentación en destacar su plena vinculación con el PSOE: «Desde 1999 a 2006 fue diputado por el PSOE en las Cortes de Aragón, siendo también Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón». Su papel en el fútbol se pronunció, de hecho, a raíz de aquellos contactos. «Desde el 8 de junio de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2009 fue presidente ejecutivo y profesional del Real Zaragoza, tomando el relevo de Alfonso Soláns Soláns, después de que el empresario soriano Agapito Iglesias comprara la mayoría de las acciones del club».
Hay que recordar que el historial de Agapito Iglesias es nutrido en materia judicial. Fue absuelto del caso Plaza después de que la Audiencia de Zaragoza lo juzgara por los presuntos delitos de estafa y falsedad dentro del conocido como caso Aulario de Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza). El empresario se enfrentó a penas de entre seis y ocho años de prisión por un supuesto sobrecoste de 1,4 millones de euros en la construcción de un edificio encargado por el Gobierno de Aragón y destinado a cursos de Formación Profesional. Acabó absuelto. Pero sí tuvo sentencia en contra con el magistrado que juzgó el amaño deportivo y la compra de un partido en 2011 celebrado entre el Levante y el Real Zaragoza: los 36 jugadores y el técnico fueron absueltos, pero Agapito Iglesias y al consejero Francisco Javier Porquera fueron condenados a un año y tres meses de prisión por falsedad documental. La sentencia confirmó el amaño del partido, en el que el club maño destinó 1,7 millones de euros a los jugadores del Levante.
