El Tribunal belga decidirá el 14 de diciembre sobre la extradición de Puigdemont

El juez de primera instancia de Bruselas encargado de examinar la euroorden cursada por España contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín anunciará su decisión el próximo 14 de diciembre, justo una semana antes de las elecciones del 21D, según han explicado los abogados de la defensa. El magistrado ha escuchado este lunes las alegaciones de la fiscalía y el equipo de abogados de la defensa pero ha optado por darse un plazo de 10 días para tomar una decisión sobre la extradición a España de los cinco políticos catalanes.

La segunda vista, a puerta cerrada, ha arrancado este martes a las 9 de la mañana y ha concluido al filo de las 12.30 del mediodía. En total han sido algo más de tres horas de audiencia durante la cual la Fiscalía ha vuelto a defender la extradición a España de los cinco políticos catalanes en base a cuatro de los cinco delitos incluidos en la euroorden emitida el pasado 3 de noviembre por la jueza de instrucción Carmen Lamela: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.

“El fiscal ha mantenido la petición de que se cumpla la extradición tal y como hizo el 17 de noviembre, eliminado la corrupción y la prevarización”, ha explicado tras la audiencia el abogado de Carles Puigdemont, Jaime-Alonso Cuevillas. Las defensas por su parte han rechazado la ejecución de la euroorden bajo un doble argumento.

Alegaciones de la defensa

Para empezar porque consideran que “los hechos contenidos en la euroorden no serían delictivos conforme al ordenamiento jurídico belga” y, en segundo lugar, porque “en caso de extradición no existen suficientes garantías de que en España puedan tener un juicio justo con todas las garantías que exige el derecho internacional y las normas europeas”, ha señalado Alonso-Cuevillas que ha comparecido junto a los abogados belgas Paul Bekaerts y Christophe Marchand. Según la Fiscalía, en cambio, los cuatro delitos sí tienen su equivalencia en el código penal belga bajo los delitos de “conspiración de funcionarios” y “desviación de funcionarios”.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión condicional al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconseller Joaquín Forn podría reforzar el argumento de que no tendrán un juicio justo si son extraditados a España. Aunque el abogado experto en derecho belga Miguel Troncoso estima que “en teoría no debería tener que influir” porque además “el juez belga no está vinculado por la calificación de los hechos que pueda hacer el juez español”.

El equipo de defensores han presentado en los últimos días alegaciones por escrito y un amplio dossier de documentación que el juez neerlandófono, cuya identidad no ha trascendido, examinará en los próximos días con detalle. “El juez no ha querido decidir hoy en caliente y ha querido reflexionar pausadamente. Nos ha comunicado que anunciará su decisión el 14 de diciembre”, ha añadido. Esto significa que el fallo coincidirá con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en Bruselas a donde llegará ese día para participar en el último Consejo Europeo del año previsto para el 14 y 15 de diciembre.

Lo normal, según coinciden diversos expertos en derecho internacional, es que el juez acepte ejecutar la euroorden. Pero la legislación belga incluye desde el año 2003 la posibilidad de evitar la extradición cuando “hay razones objetivas y dudas de que los derechos fundamentales de una persona pueden ser vulneradas”. Precisamente los argumentos que los abogados de la defensa han alegado para desmontar el caso de Lamela.

Un caso sin precedentes

Además, también cabe la posibilidad de que el caso termine ante el Tribunal de Justicia de la UE para que los jueces de Luxemburgo evalúen la aplicación de la euroorden en este caso. “Podría ser si el juez tiene dudas o quiere quitarse un poco de responsabilidad de encima”, opinaba hace unos días Frank Vergrubben, profesor de derecho penal en la KU Leuven. El caso, sin precedentes en Europa, se presta a ello.

El caso, sin precedentes en Europa, se presta a ello. Antes, no obstante, el juez deberá pronunciarse. Si acepta tramitar la euroorden, tal y como ha requerido España, Puigdemont y los ex consellers, que están desde el pasado 5 de noviembre bajo medidas cautelares, tendrán 24 horas de plazo para presentar recurso ante un tribunal de apelaciones. Si deciden agotar todas las vías de recurso posibles, aunque el juez acepte su extradición podría seguir en Bélgica hasta finales de enero.

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