El Tribunal de Cuentas cita a Mas, Ortega, Rigau y Homs para que abonen una fianza de 5 millones

El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo 25 de septiembre, solo siete días antes del referéndum del 1-O, al expresident de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau, al exconseller de la Presidència y exportavoz del Govern Francesc Homs, y a media docena más de ex altos cargos del Govern para que hagan efectivo el pago conjunto de una fianza de 5,12 millones de euros que se destinaron para realizar la consulta del 9-N.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident, Oriol Junqueras, en rueda de prensa convocada de urgencia han denunciado un “salto cualitativo” del Estado para “fomentar el miedo” a pocas semanas del referéndum previsto para el 1-O y en la misma semana en la que se debe aprobar la norma que lo tiene que regular.

Siete ex altos cargos más del Govern

Además de Mas, Ortega, Rigau y Homs, los otros altos cargos a quien van dirigidas las nuevas actuaciones son Jordi Vilajoana, Lluís Bertrán, Josefina Valls, Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés i Jordi Serra, todos ellos vinculados de algún modo con la organización del proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, por el cual ya fueron inhabilitados el ex president y los ex consellers.

La citación se hace en virtud del artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas que prevé, entre otras medidas, requerir al investigado por responsabilidad contable que de manera preventiva deposite ya una fianza acorde con el dinero que tendrá que devolver. Si al final del proceso el Tribunal de Cuentas concluyera que no despilfarró dinero público con el 9-N, el dinero le sería devuelto, pero, al inicio del proceso, lo tendrá que garantizar de forma preventiva. En el caso de no depositar la fianza, la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas podrá embargar los bienes de los investigados hasta cubrir la cuantía exigida.

Campaña para recaudar fondos

A principios de mayo, el PDeCAT inició una campaña para recaudar fondos a fin de pagar las costas judiciales y las multas impuestas a Mas, Rigau, Ortega y Homs. Según señaló el partido en un comunicado, el objetivo no era únicamente hacer frente a los gastos, sino “hacer llegar el mensaje a las personas inhabilitadas de que no están solas en estos momentos y que su actuación respondió al deseo mayoritario de la sociedad catalana”.

La investigación se inició con la denuncia presentada en mayo por Societat Civil Catalana y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución. Según dichas entidades, la consulta fue costeada con dineros públicos y algunas partidas no se justificaron de acuerdo con la legalidad. Tras la presentación del escrito de Societat Civil Catalana, al que se sumaron el fiscal del Tribunal de Cuentas y el abogado del Estado,el Tribunal abrió un periodo de alegaciones. La Generalitat contestó que no existía responsabilidad contable, pero la alegación fue desestimada.

El desglose de los 5’2 millones

Según la querella, del total de la suma, 14.837,60 euros se destinaron a la creación de una página web institucional, 70.532,08 fueron para la fabricación de material para ser empleado en la votación y transporte del mismo, 2,8 millones de euros para la compra de ordenadores portátiles, 828.171,42 dirigidos a la campaña de publicidad institucional, 1,4 millones como suscripción de póliza de seguros para los voluntarios, 1,1 millones para pagar labores de apoyo informático, y 307.962,71 que se invirtieron en el envío de información.

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