El Tribunal de Cuentas ha detectado «deficiencias excepcionales» en los contratos de emergencia por la crisis sanitaria de la covid suscritos en 2020 por una decena de ministerios, entre ellos, Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Educación o Justicia.
En el informe de fiscalización de los contratos de emergencia firmados por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos autónomos, por valor de 64,2 millones de euros, se destaca que los gestores públicos se vieron obligados a adquirir productos higiénico-sanitarios en una situación muy difícil.
Productos que escaseaban en el mercado, lo que motivó que, ante la necesidad imperiosa de garantizar el servicio, tuvieran que aceptar precios con ninguna o muy poca posibilidad real de negociación y contratar con proveedores que también se enfrentaban a dificultades logísticas en un mercado sin referencias conocidas.
Pese a esta situación, el Tribunal de Cuentas considera que en esos contratos se han detectado únicamente una serie de «deficiencias excepcionales» en la adjudicación y en las actuaciones previas.
En particular, algún organismo ha canalizado indebidamente el recurso a este tipo de procedimiento mediante una única declaración de emergencia de carácter genérico privando de individualidad a cada uno de los acuerdos contractuales tramitados.
También se constatan algunos incumplimientos de la necesaria comunicación tanto al Consejo de Ministros como a la Intervención Delegada, que constituyen la base de las escasas formalidades que la Ley de Contratos exige en este tipo de tramitación.
De hecho, cuando se emplea la tramitación de emergencia, la norma exime de la obligación de formar un expediente de contratación y permite contratar verbalmente, habiéndose apreciado que el 24 por ciento de las contrataciones no se documentaron por escrito.
Ante las dificultades existentes y la inmediatez que exigían las circunstancias, el informe valora que los órganos de contratación comprobaran de forma fehaciente y hayan dejado constancia documental de estos extremos en el 32 por ciento de las contrataciones examinadas.
Señala además como buena práctica la exploración de mercado que se hizo para la adjudicación a la opción económicamente más ventajosa, aun cuando el contexto de pandemia limitaba la posibilidad de negociación de los suministros, obras y servicios.
Globalmente, añade el informe, la ejecución de los contratos fue adecuada, excepto en tres casos, en los que no fue posible realizar determinadas verificaciones debido a una insuficiente remisión de documentación.
En el capítulo de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas aconseja dejar constancia de manera individual en cada contrato de los motivos que justifican el recurso a la tramitación de emergencia y pide que se formalice por escrito el contrato tramitado de emergencia.
También se sugiere a los órganos de contratación que, en situaciones de emergencia que afecten a diferentes unidades, servicios, organismos y entidades de ellos dependientes, procuren la adquisición centralizada de productos de similares características, evitando la dispersión de la demanda y, con ello, facilitando la obtención de mejores precios.
Finalmente, se recomienda que, exceptuando los casos extremos en que la emergencia fuera tal que la finalidad del contrato pudiera verse comprometida, se soliciten ofertas de diferentes licitadores y se procure negociar los términos del contrato.
En un anterior informe aprobado el pasado mes de mayo, el Tribunal de Cuentas también detectó diversas «incidencias de ejecución» en 11 contratos de emergencia para el suministro al Ministerio de Sanidad de mascarillas y material sanitario al comienzo de la pandemia por valor de 551 millones de euros.
