El truco de Junqueras para incluir el RUI en el presupuesto

El departament de Economia i Finances que dirige el vicepresident Oriol Junqueras tiene claro que los abogados del Estado mirarán con lupa los presupuestos para impugnar cualquier partida que huela a independentismo. Con este sobreaviso, el staff de Junqueras ha analizado las posibles salidas jurídicas para evitar el hachazo del Estado a la partida de las cuentas públicas destinada a sufragar el referéndum comprometido por el president Carles Puigdemont en setiembre de 2017.

Entre las soluciones está la de detallar una partida expresa que actúe como un señuelo para la abogacía del Estado y camuflar a través de un crédito ampliable el dinero destinado a pagar la consulta independentista.

El señuelo

Los expertos del departamento no descartan asignar una cantidad concreta para el referéndum que centre la actividad de la abogacía del Estado. Un señuelo de distracción que permitiría determinar la partida real para sufragar el referéndum unilateral de independencia conocido como RUI en un epígrafe general y ampliable.

La llave del Consell de Garanties Estatutàries

En la confección del presupuesto que se aprobará en el consell executiu del próximo 29 de noviembre, Economia ha recuperado un Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGEC), -el Tribunal Constitucional catalán- de 9 de enero de 2014, que abre la puerta a una solución jurídica para ‘esconder’ la partida del RUI.

Este dictamen se realizó por la impugnación por parte de PP y Ciudadanos de la partida destinada en aquel entonces a la consulta comprometida para el 9 de noviembre bajo el epígrafe “procesos electorales y consultas”. La oposición se abalanzó sobre este capítulo y el carácter ampliable del crédito para impugnar la partida que se utilizó para el proceso participativo que ha acabado con el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs procesados.

El dictament recuerda que el Tribunal Constitucional ha indicado de “forma reiterada” la constitucionalidad de una partida de estas características porque “predeterminar el concepto al que se destinará el gasto, no prefigura ninguna acción o actividad de ejecución precisa de esta, ni tampoco puede ser entendida como un título habilitante que determina el alcance de competencia sobre la materia”.

El CGEC recuerda que la base para incluir la financiación del referéndum o de un proceso electoral genérico tiene una legitimidad constitucional clara. Por un lado, la “competencia paradigmática” de la Generalitat para convocar elecciones al Parlament y, por otro, el artículo 122 del Estatut de Catalunya que le otorga competencias, no suspendidas, en materia de consultas populares.

En conclusión, el CGCE recomendó al Govern la estipulación presupuestaria de un “crédito ampliable afectado a un concepto genérico -procesos electorales- que no predetermina que la actuación de la administración responsable de su gasto se concrete en la ejecución determinada”. En este sentido, el Consell aseguró que aplicar esta fórmula no predeterminaba “ni mucho menos” que dicha partida “fuera substanciada de manera contraria al ordenamiento constitucional y estatutario”.

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