El TSCJ condena a la Generalitat por desentenderse de las guarderías

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El Ayuntamiento de Cornellà le ha ganado un pulso de 2,3 millones de euros a la Generalitat, o más concretamente, a la selectiva forma en que el Govern de Artur Mas decidió recortar las políticas sociales a partir del año 2011. En septiembre del 2014, el alcalde Antonio Balmón dio un paso inusual. Decidió llevar a la Generalitat ante los tribunales. La causa era que de forma unilateral (palabra entonces aún no de moda), la Conselleria d’Ensenyament se había retirado del pacto que en el 2005 se alcanzó para financiar el coste de la gestión de las guarderías infantiles. La Generalitat comenzó a reducir sus aportaciones a partir del 2011 con la excusa de la crisis, pasó de los 1.800 euros anuales por niño a 1.300. Eso ya fue motivo de polémica. En el 2014, sin embargo, fue más allá. Redujo a cero su aportación. Es decir, cargó en las espaldas de los ayuntamiento y en la de los padres (si los municipios no asumían esa parte proporcional) el recorte en políticas sociales. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) le ha dado la razón al alcalde de Cornellà y, como mínimo también, al Ayuntamiento de L’Hospitalet, por una causa idéntica.

A su manera, el TSJC condena a la Generalitat por incumplimiento de contrato. Eso requiere rebobinar el relato a los antecedentes del caso. Las políticas de familia, en realidad su ausencia, fueron motivo de frecuentes ‘rounds’ políticos en el Parlament durante los años 90. Jordi Pujol acusaba a los partidos de izquierda de menospreciar la familia como célula fundamental de la sociedad, pero, a la hora de la verdad, sus avances en esta materia fueron minúsculos. Se redujeron esencialmente a las ayudas universales de 480 euros por hijo que se concedieron a partir del año 2002, con independencia de los ingresos de los padres. Fue con el primer tripartito de Pasqual Maragall que se trató de enhebrar el problema que suponía el déficit de guarderías públicas, que comportaba que  muchas madres dejaran el trabajo para encargarse del cuidado del bebé. Se animó entonces a los municipios a construir guarderías y se pactó un pago de los costes de mantenimiento de este tipo de equipamiento a tercios, Generalitat, ayuntamientos y padres.

La tijera de Mas

La tijera de los recortes dinamitó ese acuerdo con distintas voladuras. Primero, la Generalitat redujo de 1.800 a 1.600 euros su aportación por niño. Después, a 1.300. A finales del 2013, sin embargo, un escalofrío recorrío la espala de los responsables de las finanza de los ayuntamientos catalanes. Corrió la voz de que la Generalitat se desentendería de ese compromiso totalmente, es decir, que un gasto corriente tan oneroso como el de las nóminas y el mantenimiento de la guardería infantil pasaría a ser competencia de los municipios, a pesar de que estos formalmente no tienen competencias en esa materia. El mundo al revés. Y así sucedió.

El contexto en que aquello aconteció fue, además, especialmente tenso. En el año 2014, la Generalitat adeudaba por ejemplo a Cornellà en diferentes conceptos unos 12 millones de euros, una cifra notable si tiene en cuenta que el presupuesto anual de la ciudad es de 65 millones. La Conselleria d’Economia convirtió a no pocos municipios catalanaes en su entidad financiera en la sombra, por la vía de convertirse en una administración morosa, con la amarga guinda que parte del dinero que se ahorró lo destinó, tal y como descubrió EL PERIÓDICO en marzo de este año, a las escuelas concertadas entre los años 2011 y 2014. En concreto, 81 millones de euros.

Sentencia recurrible

La sentencia del TSJC, eso sí, recurrible, obliga a pagar a la Generalitat la deuda pendiente hasta el curso 2014-2015, con el sobrecoste de los intereses acumulados, pero solo hasta la cantidad de los 1.300 euros por alumno. El Ayuntamiento de Cornellà no recurrirá para reclamar la diferencia hasta los 1.800 euros, pero sí que se plantea reclamar por los cursos posteriores, del 2015 al 2018.

A la Generalitat, por lo tanto, se le pueden acumular los problemas sobre la mesa a partir de ahora, porque la vía judial que abrió Cornellà fue seguida por otros cuatro grandes muncipios y, también, por una alianza de un par de decenas de pequeñas poblaciones para las que el impago de las ayudas por guardería ha causado graves problemas de caja o llevado a reconsiderar a la baja la oferta de plazas escolares de cero a tres años. Estos pequeños municipios, en su demanda colectiva, han ido más allá y reivindican que la Generalitat se haga cargo del 100% del coste del servicio, porque es su competencia. En caso de que la justcia les dé la razón, el varapalo a la Generalitat sería mayúsculo.