El TSJC admite y notifica a Meritxell Borràs la querella por la compra de urnas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y el secretario general Francesc Esteve, por la compra de urnas para el referéndum del 1-O que el Ejecutivo de la Generalitat ha situado en proceso de licitación. La admisión de la querella también ha sido notificada a la consellera tal y como ha encargado de anunciar ella misma en las redes sociales.

La querella fue presentada por la Fiscalía Superior de Catalunya, que la amplió hace apenas unos días para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont.

En su escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Fiscalía consideraba que aunque el anuncio de Puigdemont no ha “venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable”, pero es “indudable” que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.

La querella inicial acusaba a Borràs y al secretario de supuestos delitos de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos por la aprobación del acuerdo marco para homologar el proceso de contratación y compra de las urnas.

Los dos acusados han recibido la notificación de la querella del tribunal ante la presencia de todos los compañeros del Consell Executiu, entre ellos el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, y los consellers Neus Munté o Carles Mundó.

El TSJC se remite a los antecedentes judiciales como los recursos contra el presupuesto catalán o los procesos contra la Mesa del Parlament y la presienta Forcadell

En el auto de admisión del TSJC se argumenta que “en su voluntad de celebración de un referéndum de autodeterminación (…) de crear un Estado catalán independiente, los querellados (…) adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum”, un referéndum sobre el que el TSJC recuerda que varias instancias judiciales han emprendido acciones para evitar.

En este sentido, el auto recuerda la querella de la Fiscalía para referirse a la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, posteriormente declarada inconstitucional, “con la voluntad de creación de un Estado catalán independiente en forma de República, a través de un proceso ciudadano participativo, para sentar las bases de una constitución catalana”

Además, se cita la de la Abogacía del Estado, que promovió un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos catalanes por la famosa Disposición Adicional 40ª; las acciones iniciadas por la Fiscalía y estimadas por el TC sobre los miembros de la Mesa del Parlament por desobedecer al Alto Tribunal, y las acciones contra la presidenta del Parlament por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia.

El tribunal ve “indicios suficientes” para considerar que pueda haber “elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos”

Según el TSJC, el “profuso relato de hechos contenido en la querella” son “de fácil constatación”, por “tratarse de actos y hechos que han tenido la oportuna publicidad en los respectivos diarios oficiales”, además de haber sido recogidos por los medios de comunicación. Por eso, el tribunal considera que “se desprende la existencia de indicios suficientes” para considerar que pueda haber “elementos objetivos que informarían cada uno de los tipos delictivos que la Fiscalía querellante considera cometidos”, por lo que “se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella”.

Para el tribunal, procede la admisión a trámite de la querella y de su escrito de ampliación, “al valorarse como posible la presunta comisión de un delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal, un delito continuado de prevaricación, y un delito de malversación de fondos públicos.

El Govern lamenta que la querella “no se sustenta en ninguna base jurídica” y es “preventiva”

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera portavoz, Neus Munté, ha comentado que “entendemos que la querella no se sustenta en ninguna base jurídica”, que es un querella de tipo “preventivo y sin ningún fundamento jurídico”, y que desde que se conoció y presentó la querella, el pasado mes de mayo, hasta que se ha notificado a la consellera, da credibilidad a las quejas del Ejecutivo catalán.

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