El TSJC comunica al Govern y a la Mesa del Parlament las querellas por el 1-O

El TSJC ha comunicado al Govern de Carles Puigdemont en pleno y a los miembros soberanistas del la Mesa del Parlament las querellas admitidas a trámite a instancias de la Fiscalía, por la tramitación de la Ley del Referéndum y su convocatoria para el 1 de octubre. El tribunal no acuerda, de momento, ninguna de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

El tribunal ordena incoar diligencias previas para la investigación de los hechos que se describen en la querella por si son constitutivos de delitos como mínimo de desobediencia continuada y prevaricación, en todos los casos, y en el caso del Ejecutivo, también de malversación de caudales públicos, delito que acarrea penas de cárcel.

En este sentido, el alto tribunal catalán ve indicios de que los miembros del Govern “habrían utilizado arbitrariamente” sus “potestades” al convocar un referéndum de independencia que, además, “va a incidir en el ámbito del gasto público”.

La sala que admitió la querella, compuesta por tres magistrados, sostiene que existen indicios de que los miembros del Govern pudieron incurrir en un delito de malversación, que lleva aparejado penas de cárcel, dado que los decretos por los que se convocó el referéndum “suponen a la vez el inicio de un procedimiento que va incidir en el ámbito del gasto público”, con varias partidas presupuestarias para gastos de procesos electorales y consultas.

La notificación ha llegado a todos los miembros de la Mesa, a los que se les advierte del “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. La notificación ha llegado a la presidenta, Carme Forcadell, a Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

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