José Expósito.- El artículo 47 de la Constitución Española dice textualmente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos”.
Cuando los padres de la Constitución redactaron este artículo, lo hicieron tres años después de la extinción del anterior régimen.
Algunos de ellos, o todos a la vez, eso nunca lo sabremos, eran sabedores del problema que podía suponer en lo sucesivo la falta de viviendas dignas. Problema que se vería sin duda agravado por la presencia de partidos de izquierdas con una visión distinta de dicho problema, lo cual se pudo comprobar poco tiempo después.
Cabe pensar que algunos de ellos, los que habían tenido tareas de gobierno en el régimen de Franco, tenían en su memoria, aún fresca, la tarea ingente que habían desarrollado los anteriores mandatarios, ellos mismos. Cuando algo funciona bien, no hay por qué cambiarlo, si en su defecto, mejorarlo.
Conviene decir, por si a algunos se les ha olvidado, o no quieren saberlo, que entre los años 1961 y 1975, (catorce años) en España se construyeron 4.080. 619 viviendas en régimen especial. Miles de grupos de viviendas, barrios, en los que las capas humildes, obreros en su mayor parte, viudas y personas desfavorecidas encontraron un nuevo hogar en el que rehacer sus nuevas expectativas de vida. Casas modestas, pero nuevas. La mayoría de ellas hoy día, más de cincuenta años después, siguen poblando nuestros barrios.
Del total de las viviendas, las que se acogieron a protección oficial o subvencionadas (Grupo I, II y de construcción directa), supusieron un porcentaje del 52,5%, y las libres directa con exenciones tributarias ascendieron al 47,5% restante. Existe amplia documentación al respecto para el que lo quiera comprobar, si bien hay que escarbar un poquito, quizá sea porque interesa enterrar los logros del anterior Régimen, placas con el yugo y las flechas incluidas, y en concreto la tarea que empezó el primer ministro de la Vivienda don Jose Luis Arrese. Y hasta aquí el pasado, centrémonos en el presente, y en concreto en el atropello que está cometiendo el gobierno social comunista de Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Lo que no dice el artículo 47 es que la vivienda tenga que ser gratis total; ni que el gobierno garantice a los “okupas” que su delictivo gesto de ocupar lo que no es suyo, tenga el premio de quedar impune. Si el derecho a la propiedad privada está también consagrada en la Constitución ¿quién es este gobierno para conculcarlo? ¿A quién beneficia que se permita robar las propiedades que con tanto esfuerzo han adquirido sus legítimos dueños? La respuesta es sencilla, al gobierno que se desentiende de afrontar y financiar el problema (comunidades autónomas incluidas) y a la parte más extremista que lo sustenta, Unidas Podemos.
Nadie tiene derecho a usurpar nuestros bienes, ni siquiera esos que dicen pertenecen a los “fondos buitre”, ni a los bancos, ni a nadie. Asistimos impávidos y acobardados al saqueo de nuestros pisos, o casas humildes, o adosados, negándonos a admitir que un mal día, nos puede tocar a cualquiera de nosotros ser los “okupados”. Nadie se escapa a la rapiña, al robo, al saqueo de sus bienes, propiciado y consentido por éste infame gobierno. Desde gente humilde que ha trabajado durante toda su vida para pagar y disfrutar de su propiedad, a gentes de clase media, profesionales de todo tipo y condición, o cualquiera que tenga un inmueble en el que la delincuencia más o menos organizada ha puesto sus ojos.
Desde este gobierno se ha normalizado que esa chusma se quede con nuestros muebles, con los recuerdos de toda una vida, que la víctima tenga que seguir pagando la luz, el gas y el agua, y las deudas inherentes a su propiedad. Ya no es suficiente que nos roben lo poco que tengamos de valor, incluso que tiren a la basura nuestras medicinas, y vendan nuestras pertenencias, si no que llegan a amenazarnos e incluso a agredirnos. Todo ello amparado por una “ley” infame, legislada y votada por políticos infames y totalitarios.
José Expósito, autor del artículo, junto a la estatua del Cenachero, símbolo de Málaga.
En Baleares ya han empezado las expropiaciones. Me pregunto qué será lo siguiente. La labor de un gobierno que se tenga por tal, y no por una banda de delincuentes chavistas, es promover y construir viviendas dignas para aquellos que no puedan adquirirlos, alquilarlos o simplemente optar a ellos.
Resulta indignante que sea la población humilde, la que tenga que pagar con sus ahorros las viviendas a los que se las roban. Condenados a ver cómo la Ley les da la espalda, y lo que es peor, una clase política que contempla sin mover un dedo como la tragedia de muchos les pasa por delante de sus narices sin mover un dedo.
Vamos camino de un estado fallido, donde nos gobiernan inútiles, amigos de terroristas, golpistas y sujetos que en cualquier país digno tendrían serias dificultades para colocarse ni tan siquiera como recaderos. La diferencia de gestión entre éste gobierno en concreto, sin olvidarnos de los anteriores, culpables por omisión y cobardía, y los gobiernos del anterior régimen, es de tal calibre, que a cualquier persona decente le haría enrojecer de vergüenza. Poner la realidad, y la verdad de lo que está ocurriendo, negro sobre blanco, no es ni apología ni proselitismo de ningún tipo, ni tan siquiera nostalgia de algo que ya es Historia, es simplemente decir la verdad, guste o no guste, sin complejos, sin rubor y sin temor al que dirán.
En España cesarán las ocupaciones ilegales el día que se empiecen a ocupar las viviendas de la gente de izquierdas, o en su defecto el día en que un gobierno serio, formal y decente cumpla y haga cumplir la LEY.
