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Enfado en la Fiscalía con la «maniobra conjunta» de García Ortiz y del Gobierno para salvar a Puigdemont de Tsunami

Enfado en la Fiscalía con la «maniobra conjunta» efectuada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y el Gobierno de Pedro Sánchez para salvar al expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, de ser investigado en el Tribunal Supremo por terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic.

Este martes se celebraba la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo para analizar la última propuesta de informe presentada por el fiscal Álvaro Redondo. Dicho fiscal efectuó un primer borrador en el que sí apreciaba terrorismo en la actuación del expresidente catalán fugado, pero cambió su criterio mientras era convocado para reunirse con el fiscal general. Durante la votación de la Junta, 12 de los 15 fiscales apreciaban indicios de delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic y 11 de ellos avalaban a su vez la investigación a Puigdemont.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que en «la Junta de Fiscales se esperaba que la decisión que adoptara la mayoría se impusiera, sin embargo, al final no fue así. Los fiscales no avalaron la ponencia de Álvaro Redondo, mientras los fiscales jefes de la Sección Penal, Fidel Cadena (partidario de investigar a Puigdemont) y Joaquín Sánchez-Covisa (partidario de no investigar a Puigdemont) tampoco se pusieron de acuerdo entre ellos. Esto provocó que por primera vez se apelase al artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)».

«Siguiendo el artículo 24 del Estatuto Fiscal, el informe del caso pasaría a ser elaborado por la superior jerárquica de Cadena y Sánchez Covisa, que es la teniente fiscal del Supremo y mano derecha de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde. Dicha fiscal de la máxima confianza del fiscal general previsiblemente rechazará investigar a Puigdemont. Está claro que todo ha sido una maniobra perfectamente planificada entre García Ortiz y el Ejecutivo para intentar blindar a Puigdemont a pesar de la postura mayoritaria de los fiscales, cediendo el informe a Sánchez Conde. Estaba todo preparado porque conocían el criterio de Sánchez-Covisa frente a Cadena», añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que «el fiscal Joaquín Sánchez-Covisa de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que fue ascendido a fiscal de Sala por Dolores Delgado, ha respaldado la tesis del fiscal Álvaro Redondo de no investigar a Puigdemont sin ningún tipo de argumento de peso esgrimido en la Junta. Algo que ha chocado mucho en contraposición con la detallada explicación de Fidel Cadena, enumerando los indicios contra el expresidente catalán fugado».

«Por su parte, el fiscal Álvaro Redondo, a pesar de lo que había dicho previamente a sus compañeros, finalmente no ha respetado la decisión mayoritaria de los fiscales y esto ha posibilitado a su vez que el caso de Tsunami caiga en manos de la nº 2 de García Ortiz para blindar a Puigdemont».

Cabe destacar que el informe que emita la mano derecha de García Ortiz no es vinculante y la Sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena tendrá la última palabra sobre la investigación por terrorismo al expresidente catalán fugado.

El delito de terrorismo en el Código Penal

El artículo 573 del Código Penal sobre el delito de terrorismo establece que «se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.