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ERC exhibe el cambio de cromos: fuerza a Sánchez a votar en el mismo Pleno el fin de la sedición y los Presupuestos

Mientras Pedro Sánchez y su Gobierno insisten en afirmar que no ha habido ninguna imposición por parte de ERC, ni ningún cambio de cromos para eliminar el delito de sedición, el partido de Pere Aragonés y Oriol Junqueras ha decidido forzar al presidente a un acto público de reconocimiento del chantaje: el mismo pleno en el que se votarán los Presupuestos será el que autorice la tramitación de la eliminación de la sedición. Conexión total. Y exhibición total del triunfo de ERC en pleno Congreso de los Diputados.

Ha hecho falta hasta limpiar el Pleno de otras cuestiones ya incorporadas al orden del día para dar gusto a ERC. Aragonés quiere demostrar que, efectivamente, han llevado a Sánchez al punto que han quiero y cuando han querido. Que ha aceptado el dictado literal de la reforma exigido por los de Junqueras. Y que si no se aprueba la eliminación, peligran los que posiblemente sean los últimos Presupuestos de Sánchez.

Y Sánchez se ha vuelto a arrodillar para acatar las exigencias del líder separatista.

En la Junta de Portavoces de este pasado lunes por la mañana, estaba previsto aprobar un borrador de orden del día en el que se incluían los Presupuestos Generales del Estado y dos dictámenes de comisiones. El primero de ellos se centraba en el proyecto de ley para el establecimiento de los «gravámenes temporales energético y de entidades de crédito». El segundo era el relativo al proyecto de ley de «cooperación para el desarrollo sostenible».

Pero nada más comenzar la Junta, los propios socialistas han solicitado una modificación: han dejado constancia de su deseo de incorporar un cambio en ese orden del día para incluir un nuevo asunto: casualmente, la eliminación del delito de sedición.

El voto de la Junta y de los partidos presentes ha sido unánime para eliminar los dos dictámenes. De hecho, se ha aprovechado el cambio para incorporar una propuesta de creación de una Subcomisión parlamentaria (para la actualización del «Pacto de Estado sobre Violencia de Género»). Pero no ha habido unanimidad para la pretendida inclusión de la eliminación del delito de sedición.

Resultado: ante la negativa, se ha aprobado celebrar otra Junta de Portavoces extraordinaria este mismo viernes. Con total urgencia. Traducido: el PSOE sí conseguirá unir en el mismo Pleno los Presupuestos Generales del Estado y la contrapartida de la eliminación del delito de sedición.

La modificación del orden del día sí requiere de unanimidad. Pero la votación el viernes con el orden ya aprobado sólo requiere de mayoría -no unanimidad- por lo que se aprobará y, tal y como ha exigido ERC a Sánchez, se podrá votar la semana que viene, en pleno debate de Presupuestos, el inicio de la tramitación de la erradicación del delito de sedición.
ERC manda. El PSOE cumple.

¿Y por qué tiene tanto empeño ERC en vender su victoria? Pues porque se juega hasta la candidatura de Oriol Junqueras. Porque el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo ha asestado el golpe definitivo al delito de sedición y, de facto, ha amnistiado a los golpistas condenados y fugados del 1-O. Su proposición de ley orgánica contempla que las penas actuales de prisión de 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente se queden en una horquilla de 3 a 5 años. Pero también extiende su efecto a la pena de inhabilitación, que pasa de los a 10 a 15 años de la ley actual a tan sólo 6 u 8 años. Y las consecuencias jurídicas serán aún más devastadoras de lo que se pensaba inicialmente.

Fuente jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que «no sólo el delito de sedición desparece como tal, sino que los hechos que se declaran probados en la sentencia del 1-O son atípicos desde la perspectiva de los nuevos ‘desórdenes públicos agravados’».

Tradudico: Puigdemont y el resto de fugados del 1-O podrían volver a España, los condenados y fugados podrían optar a un cargo público y presentarse a las próximas elecciones si lo desean, y por último, hasta habría que devolver las cuantías malversadas (ahora no se considerarán malversadas), que se reclamaron a los condenados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

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