ERC no quiere perder el ritmo de las reformas separatistas. Sabe que cuenta con un Pedro Sánchez más necesitado que nunca de apoyos políticos, tal y como revelan las encuestas electorales. Pero también percibe el pulso de su calle y sabe igualmente que el separatismo pierde fuerza entre la población, como ha dejado claro la Diada de este pasado fin de semana. Por ello quiere una medida ya: una medalla que exhibir ante sus votantes. Y quiere contar de inmediato con el plan de impunidad plena para todos los golpistas en base a un informe de la ONU.
Pedro Sánchez se comprometió ante los separatistas a lo que él llamó la «desjudicialización» de Cataluña. Con ese término se refirió a la impunidad plena y casi intocabilidad de todos los imputados, procesados o condenados por delitos relacionados con el separatismo.
El presidente catalán, Pere Aragonés quiere ese punto y lo quiere materializado ya. Porque sabe que sus apoyos en la calle se debilitan y que la Diada ha dejado ver ese cansancio popular.
El documento que pretende que sea utilizado como aval para ese indulto generalizado e indiscriminado es el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha afirmado que España violó los derechos políticos de ex miembros del Gobierno y del Parlamento de Cataluña al suspenderlos de sus funciones públicas antes de que se conociera la sentencia y condena por el golpe separatista del 1-O de 2017.
El Comité ha publicado ya su dictamen tras la presentación de una denuncia de Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, y tres ex consejeros, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull.
Y ahora, ERC pretende utilizar ese informe para que Sánchez extienda su supuesta aplicación a todos los casos de delitos relacionados con el separatismo. Así, el partido de Gabriel Rufián pretende que se informe en el Congreso de los Diputados sobre «las iniciativas legislativas que piensa llevar a cabo el Gobierno español para cumplir con las obligaciones establecidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso 3297/2019 sobre la vulneración por parte del Estado español del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»
Para ello, ERC pretende que comparezca la ministra de Justicia, Pilar Llop, en comisión, con la vista puesta en usar esa supuesta argumentación jurídica para reclamar ya un pisoteo sistemático a la Justicia en lo que respecta a todos los investigados, encausados o condenados por delitos relacionados con el separatismo.
Hay que recordar que el portavoz del grupo parlamentario de Vox en la cámara autonómica catalana, Joan Garriga, ha denunciado ya que la Generalidad ha pagado 200.000 euros en 2022 al comité de Derechos Humanos de la ONU que ha emitido ese dictamen en el que se acusa al Estado español de haber vulnerado los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull cuando les retiró el acta de diputados autonómicos a pesar de que aún no habían sido condenados.
Joan Garriga ha explicado recientemente que tal comité «está subvencionado por países tan poco democráticos como Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes o por Google». Pero entre los países donantes también aparece España. Según los datos que maneja Vox, dos son los gobiernos autonómicos españoles que aportan dinero al comité, el gobierno vasco y el catalán. Del primero consta una aportación de 20.000 euros mientras que la Generalidad catalana ha desembolsado este año 200.000 euros. El dinero se ha tramitado a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
