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ERC impone su nueva exigencia a Sánchez: el mismo pleno votará el fin de la sedición y los Presupuestos

ERC quería una exhibición pública de su último triunfo: la eliminación del delito de sedición por orden del separatismo. Sánchez sigue negando que haya hecho un cambio de cromos para asegurar sus Presupuestos y su permanencia en el poder. Pero el plan de Pere Aragonés camina con paso firme. Tal y como adelantó Libertad Digital, el partido de Oriol Junqueras exigió esa constatación del chantaje. Y, efectivamente, este miércoles por la tarde, el PSOE aceptaba en la Mesa del Congreso que el mismo pleno en el que se votarán los Presupuestos será el que autorice la tramitación de la eliminación de la sedición. Para dejar constancia de la conexión plena entre los dos hechos. El PSOE tenía claro desde el primer día que aceptaría la exigencia, por mucho que la orden de Sánchez sea negarlo en público. Lo primero que hizo la Mesa del Congreso fue limpiar el pasado lunes el Pleno del Congreso de otras cuestiones que estaban previamente incorporadas al orden del día para dar gusto a ERC.

En la Junta de Portavoces de este pasado lunes por la mañana estaba previsto aprobar un borrador de orden del día en el que se habían incluido los Presupuestos Generales del Estado y dos dictámenes de comisiones. El primero de ellos se centraba en el proyecto de ley para el establecimiento de los «gravámenes temporales energético y de entidades de crédito». El segundo era el relativo al proyecto de ley de «cooperación para el desarrollo sostenible».
Pero nada más comenzar la Junta, los propios socialistas pidieron una modificación para incluir un nuevo asunto: la eliminación del delito de sedición.

El voto en contra de los partidos de la oposición impidió la necesaria unanimidad para poder hacer esa inclusión del punto relativo a la eliminación del delito de sedición. Resultado: ante la negativa, la Mesa aprobó convocar otra Junta de Portavoces extraordinaria con total urgencia: este viernes. El objetivo de esa Junta no es otro que el de fijar un nuevo orden del día, ya sí, con el punto relativo a la eliminación del delito de sedición.

Hay que tener en cuenta que la modificación del orden del día requiere de unanimidad: por eso no se pudo hacer el lunes pasado. Pero la votación, este próximo viernes, de un nuevo orden sólo requiere de mayoría —no unanimidad—, por lo que, efectivamente, se puede aprobar tal y como ha exigido ERC a Sánchez. Y dicho y hecho. Este miércoles por la tarde se ha convocado por orden de la Mesa la Junta de Portavoces para el próximo viernes día 18 de noviembre a las 10:30 con un objetivo: incluir en el orden del día de la semana que viene, el punto relativo a la eliminación del delito de sedición. De este modo, se ha comunicado a los Grupos Parlamentarios la convocatoria de la Junta Portavoces del Congreso de los Diputados para este viernes.

En juego la candidatura de Junqueras

¿Y por qué tiene tanto empeño ERC en vender su victoria? Pues porque se juega hasta la candidatura de Oriol Junqueras. Porque el Gobierno de Pedro Sánchez, no sólo ha asestado el golpe definitivo al delito de sedición y, de facto, ha amnistiado a los golpistas condenados y fugados del 1-O. Su proposición de ley orgánica contempla que las penas actuales de prisión de 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente se queden en una horquilla de 3 a 5 años. Pero también extiende su efecto a la pena de inhabilitación, que pasa de los a 10 a 15 años de la ley actual a tan sólo 6 u 8 años. Y las consecuencias jurídicas serán aún más devastadoras de lo que se pensaba inicialmente.

Fuente jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que «no sólo el delito de sedición desparece como tal, sino que los hechos que se declaran probados en la sentencia del 1-O son atípicos desde la perspectiva de los nuevos ‘desórdenes públicos agravados’».

Traducido: Puigdemont y el resto de fugados del 1-O podrían volver a España, los condenados y fugados podrían optar a un cargo público y presentarse a las próximas elecciones si lo desean, y por último, hasta habría que devolver las cuantías malversadas (ahora no se considerarán malversadas), que se reclamaron a los condenados por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

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