El Gobierno de Pedro Sánchez, con las ministras de Hacienda –María Jesús Montero–y de Economía –Nadia Calviño– de abanderadas, está decidido a subir, de manera notable, algunos impuestos, sobre todo los de la renta, capital y sociedades. La doctrina gubernamental defiende que las alzas afectarán sólo a los ricos y a algunas empresas y que es necesario para obtener más recursos que dedicar a gasto social. La mayoría de expertos, sin embargo, coinciden en que los incrementos en el IRPF y en capital, apenas obtendrán subidas de ingresos testimoniales, lo que consolidará la histórica singularidad del sistema impositivo español, responsable en parte de los déficit públicos crónicos.
España es un país «con una presión fiscal y una estructura impositiva singulares con respecto a los observados en las economías de la Unión Europea con unos niveles de provisión de servicios públicos similares», escribían en 2014 Pablo Hernández de Cos, ahora Gobernador del Banco de España, y David López Rodríguez, en uno de los denominados «Documentos Ocasionales», del Banco de España. Los datos de 2017 confirman que nada ha cambiado y España es un país con muchos impuestos, relativamente altos –sobre todo el IRPF, impuestos sobre el capital, la propiedad y cotizaciones sociales– y que ingresa bastante menos que la media de europea y de la OCDE.
La OCDE, que agrupa a los 35 países más desarrollados del mundo, detalla en sus estadísticas hasta 108 impuestos diferentes en España, que aportan a las arcas públicas alrededor de 400.000 millones. Esos impuestos van desde los omnipresentes IRPF, IVA, sociedades o cotizaciones sociales, a otros como el Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que en 2016 recaudó ¡2 millones de euros!; el Impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos (5 millones de recaudación); licencias de pesca y caza (29 millones); Impuesto sobre estancias turísticas (82 millones) o el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero (96 millones).
La parte del león de los impuestos corresponde, por este orden, a las cotizaciones sociales (unos 140.000 millones), IRPF (115.000 millones), IVA (75.000 millones) y Sociedades (26.000), ingresos que este año serán superiores como consecuencia de que se mantiene el crecimiento económico. Los datos del informe «Tendencias impositivas en la Unión Europea, 2018», elaborado por la Comisión Europea, despeja algunas incógnitas. España ocupa el puesto 8 por recaudación –en porcentaje de PIB– por el impuesto de capital entre los 28 miembros de la Unión. Además, está en la posición 14 en el IRPF, en la 16 en cotizaciones sociales y en la 24 –de 28– en el caso de los impuestos indirectos, IVA sobre todo. Eso es lo que explica que España caiga al puesto 21 en recaudación total (37,5% del PIB) o que, en otros términos, se pueda decir que la presión fiscal está algo más de 6 puntos por debajo de la media europea (44,2%). No obstante, esas cifras enmascaran que en España los impuestos sobre la renta, el capital y la propiedad están en la banda alta de todos los países y que ahora, el Gobierno intenta que todavía sean mayores. Extremadura es el territorio del mundo con un mayor impuesto sobre el patrimonio, con un 3,75%; y en Navarra el IPRF llega al 52% a partir de los 300.000 euros, un porcentaje que sólo se alcanza en Dinamarca y en Austria, pero sólo a partir de un millón de euros de ingresos. Los impuestos por sucesiones y donaciones, están, con diferencia, entre los más altos del mundo.
La presión fiscal en España se centra, en buena parte, sobre la renta y, especialmente, sobre la de quienes la obtienen por cuenta ajena, ya sean modestos empleados o altos ejecutivos. Ademas, España es uno de los países en donde antes se empieza a pagar la llamada tarifa marginal, es decir el porcentaje máximo de impuestos, que ahora el Gobierno quiere aumentar. El tipo máximo que se aplica es del 45%, porcentaje que llega a una media del 49% en las comunidades autónomas que aplican recargos. Eso hace que en España se paga el máximo de impuestos sobre ingresos inferiores a países como Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y, por supuesto, Austria. En todos esos países hay que ganar más de 60.000 euros –en algunos mucho más– para pagar la tarifa máxima que, por otra parte, tampoco es muy superior a la española, según datos recopilados por Bárbara Pardo de Santayana (socia directora de Movilidad Internacional) e Iván Sáez (director de Movilidad Internacional), de la consultora EY. Cifras adicionales de la OCDE indican que en países como Estados Unidos (362.000 euros al cambio), Japón (337.000), Suiza (266.000), Noruega (207.000), Canadá (152.000), e incluso en Suecia (62.500) hay que ingresar más de esos 60.000 euros para tributar por la tarifa máxima. Ahora, el Gobierno, además, quiere aumentar el tipo impositivo a partir de los 140.000 euros y llevarlo al 52%, lo que colocará a España con uno de los impuestos sobre la renta más elevados del mundo. La recaudación aumentará en 400 ó 500 millones de euros en el mejor de los casos, es decir, un ¡0,001%!, del total de 400.000 millones que ingresa el erario público pero, como explicó Pedro Sánchez, es una de las exigencias de Podemos por su apoyo.
Como ha sugerido Hacienda, también pretende penalizar las rentas del ahorro. El objetivo es subir los impuestos de capital –rendimientos mobiliarios y plusvalías– y Podemos exige también eliminar los incentivos fiscales a los planes de pensiones. En España, los rendimientos de capital –rentas o plusvalías– tributan un 19% hasta una ganancia de 6.000 euros; un 21% los siguientes 44.000 euros y un 23% a partir de 50.000 euros. España se coloca entre los países que aplica unos tipos mayores. Sólo Italia (26%), Alemania (26,4%) y Portugal (28%) gravan más, en teoría, los rendimientos del capital. En teoría, porque ofrecen desgravaciones o exenciones que hacen que los impuestos efectivos sobre el capital sean inferiores.
También baraja el Ejecutivo cambios en el Impuesto sobre Sociedades, que en 2017 habría tenido un tipo efectivo del 20,8%, según datos del Círculo de Empresarios, lo que significaría que la contribución fiscal de las empresas españolas en porcentaje del PIB alcance el 10,5%, por debajo del 13,8% y del 10,7% de Francia e Italia, pero por encima del 9,3% de Alemania, el 8,5% de Holanda, el 7,4% del Reino Unido o del 2,7% de Dinamarca. El Gobierno estudia cómo subir los impuestos a las empresas pero quiere ser más precavido para evitar posibles efectos nocivos sobre el empleo o que haya deslocalizaciones de compañías internacionales. En cualquier caso, los contribuyentes verán cómo tienen que pagar más impuestos en un futuro casi inmediato. Y no está claro que eso arregle las cuentas públicas, ni tampoco que permita –de verdad– más y mejor gasto social. En resumen, España no dejará de ser un país con muchos impuestos, bastante altos y poca recaudación.
