España, a años luz de la media europea en alquiler social

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La burbuja del alquiler provoca que muchos de los inquilinos que no pueden pagar la creciente factura o jóvenes que aspiran a emanciparse miren como una posible alternativa el arrendamiento social, pero a ese lado no hay nada o casi nada. La cuota de pisos bajo ese régimen es en España insignificante, un 2,5%, y se encuentra a años luz de la que ostentan los países más avanzados de la UE como Francia (17%), Holanda y Dinamarca (30%), el Reino Unido (17%) e incluso Irlanda (8%). Se trata de una anomalía que los expertos coinciden en considerar necesario reducir si se quiere garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.

La anomalía no es ni de hoy ni de ayer. España nunca ha dispuesto de un parque de viviendas de alquiler social potente porque siempre ha apostado por estimular el acceso a la propiedad, ya sea con ayudas fiscales a la compra, facilidades de financiación e incluso las viviendas de protección oficial o de promoción pública directa, que a la larga acaban llegando al mercado privado.

Si en 1960 el alquiler social tenía en España un peso en el parque inmobiliario del 2%, casi 40 años después, en 1999, tenía exactamente el mismo porcentaje, que ha subido ligeramente al 2,5% en el 2017, según el estudio comparativo más reciente entre países europeos, elaborado por Housin Europe, la federación europea de vivienda social pública y cooperativa.

Políticas neoliberales

En algunos países europeos, varias décadas de las políticas neoliberales que han ido socavando el Estado del bienestar y los hachazos presupuestarios causados por la crisis han acercado sus cifras a las españolas. El caso más llamativo es el de Alemania, donde el arrendamiento social llegó a alcanzar el 22% en 1970 pero que casi 50 años después ha caído al 3,5%.

Las políticas de regulación de precios del mercado libre en ciudades como Berlín o Múnich no son ajenas a este desmantelamiento. Italia, pese a comulgar con la apuesta por los pisos de propiedad, característica de los países mediteráneos, llegó a alcanzar el 6% de vivienda social en 1999, aunque hoy ha caído a la mitad.

Los expertos creen que un buen guarismo sería situarse en la media europea, que ronda el 11%. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que apuesta claramente por esta modalidad para hacer frente a la crisis habitacional, fija el objetivo de alcanzar el 20% en un plazo de 20 años en la proposición de ley que ha presentado en el Congreso.

Eurostat proporcionaba el pasado junio otra comparativa reveladora. España es uno de los cuatro países de la UE, junto a Rumanía, Estonia y Grecia, donde se supera el llamado índice de sobreesfuerzo 40/40 para los inquilinos. El 43,3% de los arrendatarios españoles destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, cuando la media europea es del 27% y en países como Francia y Alemania es tan solo del 14,9% y del 22,8%.

La crisis se ha llevado por delante la políticas de estímulo del acceso a la vivienda de propiedad, entre otras razones porque el estallido de la burbuja dejó de herencia más de 500.000 familias deshauciadas. El problema es el que estímulo a la propiedad no se ha sustituido por una política alternativa.

Inversión ridícula

La economista Carme Trilla, analista del fenómeno y autora de numerosos estudios al respecto, denuncia que los recortes prespuestarios “llevaron erróneamente a cortar las subvenciones a la vivienda social, más necesaria que nunca en un contexto de aumento de la pobreza”. Ahora, lamenta, “es muy difícil recuperar el tiempo perdido, no puede hacerse de un día para otro”. Ninguna decisión ilustra mejor ese borrón que la descabellada venta de 5.000 viviendas sociales a los fondos buitre por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Trilla apunta a dos vías por las que se podría ganar tiempo en esta carrera tan desigual. Por un lado, aumentar las subvenciones al alquiler para jóvenes y rentas bajas. Las administraciones están empezando a entender que este es un buen camino. Tanto la Generalitat como el Gobierno central apuestan por ellas, pero el problema es que habría que movilizar grandes sumas de dinero para que la actuación fuera significativa y las que se han puesto hasta ahora sobre la mesa son “ridículas”.

Baste como ejemplo que las cantidades consignadas en el plan de vivienda 2018-2021 recientemente aprobado por el Gobierno para apoyar estas políticas alcanzan tan solo los 300 millones de euros anuales.

La otra vía para afrontar la urgente necesidad es, según Trilla, echar mano de las viviendas en manos de bancos y grandes tenedores producto de los desahucios causados por la crisis. Ada Colau ha abierto camino en Barcelona en cuanto el Tribunal Constitucional ha levantado el veto de la ley catalana que permitía hacerse con estos activos pero se antoja un camino lento y poco productivo especialmente porque este tipos de viviendas se sitúan sobre todo en otros municipios del entorno de Barcelona cuyos ayuntamientos “no tienen capacidad ni recursos” para afrontar este tipo de actuaciones.

Responsabilidad estatal y autonómica

Deberían ser el Estado y las autonomía los que lideraran el proceso, como también propone la PAH en su iniciativa parlamentaria.

Otra experta y autora de numerosos trabajos, la profesora de Economía de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Montserrat Pareja-Eastway, defiende en un reciente estudio que “es necesario definir los fundamentos de una estrategia a largo plazo de provisión de viviendas sociales que vaya más allá de soluciones fragmentadas a los graves problemas causados ​​por la crisis”. Hay que sentar unas bases sólidas de futuro, más allá de los parches coyunturales.