El PSOE y Podemos, partidos que conforman el Gobierno socialcomunista de España, están negociando para buscar un acuerdo que extienda la “prohibición de desahucios” tras una enmienda a los Presupuestos Generales (PGE) presentada por el partido del chavista Pablo Iglesias junto al brazo político de la banda terrorista ETA (Bildu) y los separatistas de ERC.
El plazo de la aplicación de la medida podría extenderse hasta el mes de mayo cuando concluye el estado de alarma, aunque en la enmienda, que motivó la tensión en la coalición izquierdista dado que el PSOE no se sumó y afeó la actitud de sus socios, se planteaba que llegase a finales del año 2022.
La medida vuelve a crear incertidumbre en el sector inmobiliario debido a la ausencia de concreciones y expertos señalan que así se va a “expulsar” del mercado del alquiler, por ejemplo, a las personas con menos rentas. La razón es que nadie les va a querer alquilar la vivienda si no se les puede echar.
En Venezuela, el tirano Hugo Chávez prohibió los desahucios y ahora para la mayoría de los ciudadanos es imposible alquilar una casa.
La cruzada contra la propiedad privada se inició en 2003 con el decreto de congelación de alquileres, que provocó una caída del 25% en la oferta, y concluyó con la Ley de arrendamiento de viviendas de 2011, que cumplió las expectativas e hizo desaparecer casi en su totalidad el mercado del alquiler.
La ley impulsó el impuesto a las viviendas desocupadas y limitó la rentabilidad anual. También aumentó la potestad del Estado para determinar el canon de arrendamiento y las trabas para que el propietario recupere su vivienda.
