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España ya es un estado corrupto y fallido: Las tretas de los fiscales anticorrupción para proteger a Pablo Iglesias

MB.- El «caso Dina» enloda cada vez más el nombre del ultraizquierdista Pablo Iglesias. En esta oportunidad, la causa tuvo un nuevo revés de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se opone a abrir una investigación en el Tribunal Supremo al actual vicepresidente del Gobierno español.

De acuerdo con La Vanguardia, la Fiscalía no comparte la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, responsable de las investigaciones, que a través de una detallada exposición, solicita la apertura de una causa a Iglesias. Los cargos serían los siguientes: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.

En efecto, el juez acusa a Iglesias de actuar de manera consciente y planificada al fingir ante la opinión pública y su electorado haber sido víctima de un aparente crimen, pocas semanas antes de unas elecciones generales, según el diario ABC.

El político es uno de los principales sospechosos en el «Caso Dina». Esta causa tiene su origen en 2015, cuando su entonces asesora, Dina Bousselham, denunció el robo de su teléfono celular. En las investigaciones posteriores se aclararon varios «grises» dentro de este suceso y se constató que el supuesto hurto habría sido un montaje protagonizado por el dirigente de Podemos.

¿Cómo Anticorrupción quiere desmontar el «caso Dina»?

La Fiscalía sostiene que a Iglesias no se le puede imputar por daños informáticos. Esta acusación podría ser frenada bajo la presunción de que el deterioro de la tarjeta de memoria de Dina Bousselham ocurrió en manos de una empresa de recuperación de datos luego de que el dirigente del partido morado la entregó.

En el caso del delito de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género ocurre lo mismo. El organismo investigador alude que a pesar de que Iglesias se quedó durante meses con el material perteneciente a Bousselham luego de haberlo recibido tras el robo a la ex-asesora, no se puede perseguir tal delito porque la presunta víctima no se siente perjudicada.

Anticorrupción cerró sus consideraciones con el último delito, la falsa denuncia. Según fuentes consultadas por La Vanguardia, dicho ente se decanta por la hipótesis de que fue el ex-comisario de Policía, José Manuel Villarejo, quien entregó la copia de la tarjeta a Ok Diario para la publicación de información.

«De la investigación se desprende que dos periodistas de Interviú hicieron una copia de la tarjeta antes de entregársela a Iglesias y se la hicieron llegar a Villarejo en abril de 2016. En julio, salían publicados en este medio (OkDiario) varios mensajes de un chat interno de Podemos», se reseña en La Vanguardia.

Sin embargo, el juez refuta estos hechos y afirma que a Ok Diario le llegó la información porque Dina Bousselham hizo un «pantallazo» de dichos mensajes y se los envió a una tercera persona. Fue este individuo quien hizo llegar la información a los periodistas, que luego la publicaron.

El clan Podemos y sus constantes desencuentros con la Justicia española

Los casos de malversación de fondos, corrupción y lavado de activos que involucran el nombre de Pablo Iglesias o, en su defecto, a su partido, Podemos, siguen acumulándose. Con el «caso Dina», el político engrosa la lista de miembros del Consejo de Coordinación de Podemos imputados por diversos casos.

De la llamada «cúpula Podemos» actualmente hay 8, de un total de 21 dirigentes, involucrados en fricciones con la Justicia española. Dicha cantidad equivale al 40 % de la cofradía de la tolda morada. Aparte de ello, el partido mismo también se encuentra imputado como persona jurídica en la causa sobre la presunta financiación ilegal dentro de su organización, conocida como «Caja B».