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Estado de alarma en Madrid: El TSJM rechaza el cierre parcial porque la ley

El sainete que está viviendo Madrid durante la pandemia, especialmente en las últimas semanas, provocaría las risas de cualquiera si no fuera porque el resultado de esta burda comedia se traduce en enfermedad, muerte y pérdidas económicas. Después de quince días de discusiones vergonzosas entre el Gobierno de Sánchez y el de Isabel Ayuso (con un acuerdo por medio que se incumplió en el camino) a cuenta de las restricciones de movilidad, ambos presidentes mantuvieron ayer una reunión telefónica. En ella Sánchez, tras regresar del viaje a Argelia y reunirse con su equipo, abordó las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la orden revocada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En esa conversación, el presidente del Gobierno trasladó a Díaz Ayuso las tres posibilidades que prevé: que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden al amparo de lo establecido en la ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica; que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestion; o, en tercer lugar, que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

La presidenta de la Comunidad, por su parte, anunció que se reunirá hoy con el presidente del Gobierno, si bien ha recordado que “nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor”.

Paralelamente, Sánchez ha convocado para esta misma mañana un Consejo de Ministros extraordinario en el que se valorarán las alternativas a la situación creada por la sentencia del TSJM.

Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó ratificar las restricciones aprobadas por el Gobierno al considerar que vulneran derechos fundamentales. Es decir, que anula los cierres perimetrales. Las reducciones de aforos y el fin de la actividad de bares y restaurantes se mantienen en las 23 horas (los últimos clientes, a las 22 horas).

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El TSJM argumenta que la ley en la que se ampara la orden de Sanidad, que publicó la Comunidad de Madrid, no tiene el rango suficiente para limitar derechos fundamentales. “Dicho de otro modo, los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho”, añade el fallo. Y sin decirlo, apunta al estado de alarma, que precisa el control del Congreso de los Diputados.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, a quien la noticia del revés judicial le llegó cuando comparecía en la Comisión de Sanidad del Congreso, indicó que “vamos a adoptar las decisiones judiciales que mejor protejan la salud”, una frase que a algunos de los diputados presentes les sonó claramente como la activación inmediata del estado de alarma parcial.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso no es en absoluto partidaria de aplicar el estado de alarma en Madrid y apuesta por consensuar unas medidas “sensatas, justas y ponderadas”. ¿Qué significa eso? Ayuso ha defendido en los últimos días, a través de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que el plan que habían diseñado (cerrar las áreas básicas con más casos, dejando al resto con libertad de movimientos) estaba funcionando. Y se apoyan con datos que muestran un descenso de los contagios.

Pero, aunque los datos apuntan a una reducción del ritmo de crecimiento de los casos, la realidad es que Madrid sigue aportando un tercio del total de los positivos de España (ayer, de los 5.585 casos diagnosticados, 2.265 eran notificados por esta región) y sigue con una incidencia acumulada en los últimos 14 días que supera los 560 casos por 100.000 habitantes.

La situación epidemiológica de este territorio, como reconoció Sánchez, es muy preocupante, valoración que también comparte el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, quien cree que hay que actuar rápido y de manera contundente para reducir las altísimas cifras de incidencia. Y no solo de 500 casos por 100.000 habitantes, sino mucho más.

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Y la única manera, según los expertos en salud pública y del responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, es reducir la movilidad. Algo que también parece entender Díaz Ayuso, que ayer pidió a los madrileños que no se marcharan este puente del Pilar, recomendación que también hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y Andalucía temían la llegada masiva de madrileños a sus segundas residencias.

A falta de una ley especial para situaciones extraordinarias de pandemia, el único instrumento legal es el estado de alarma, en este caso, parcial. Y esa decisión se debería haber tomado hace ya más de un mes. “Ya vamos tarde, muy tarde”, señala José Martínez Olmos, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y secretario general de Sanidad. De la misma opinión son Daniel López-Acuña, exdirector de crisis de la OMS, y Alberto Infante, director general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud.

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