Los dos líderes del la derecha, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han tomado caminos totalmente distintos para mostrar su oposición a los últimos escándalos protagonizados por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos. La eliminación del delito de sedición -que llega la próxima semana al Congreso-, la posible rebaja del de malversación y la salida a la calle de agresores sexuales como consecuencia de la ley del solo sí es sí, han movilizado a la oposición aunque, en lugar de unir fuerzas, han optado por marcar distancias con sus propuestas.
Mientras que el presidente del PP ha elegido la vía parlamentaria, la queja pública o la apelación a los socialistas críticos que puedan frenar a Sánchez, el líder de Vox ha añadido a la batalla en el Congreso, la opción de acudir a los tribunales y tomar la calle para mostrar su rotundo rechazo a las medidas del Ejecutivo.
Irene Montero, en la cuerda floja
La semana comenzaba con la polémica por la reforma del delito de sedición con la que, de paso, el Gobierno tapaba la nefasta actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el asalto a la valla de Melilla que acabó con decenas de inmigrantes muertos. Sin embargo, Irene Montero eclipsaba todo con su cuestionada ley para agresiones sexuales que ha terminado sacando de la cárcel a peligrosos violadores.
PP y Vox sí han coincidido en este caso al pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, tanto por la «chapuza» de norma, como por sus posteriores ataques a los jueces llamándoles «machistas«, en una huida hacia adelante para evitar asumir errores. En el caso del partido de Abascal, han anunciado también un recurso al Tribunal Constitucional y han solicitado la reprobación en el Congreso de la ministra.
Ambos aguardan a conocer qué hará el Gobierno con el delito de malversación, que los separatistas piden también reducir para beneficiar a los golpistas del 1-O y que se les devuelva el dinero. La polémica está servida porque de esta reforma podrían salir también favorecidos todos los condenados de PSOE y PP por corrupción, como José Antonio Griñán en los ERE o los que malversaron en Gürtel y Púnica. Una situación que provocaría, de nuevo, malestar social como ha ocurrido con la ley promovida por Irene Montero.
La sedición, objetivo a batir
En el caso del delito de sedición, Feijóo anunció el pasado lunes que presentará una propuesta en el Congreso «para que la sedición se mantenga como delito, y para que la convocatoria de un referéndum ilegal sea tipificada como delito». El objetivo es intentar retratar a los diputados y barones socialistas, a los que siguen apelando para intentar torcer el brazo a Sánchez, a pesar de que nunca han transformado en hechos su aparente malestar con algunas de las medidas del Ejecutivo.
Fuentes del PP explican que probablemente registrarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Consideran los populares que así presionarán a los diputados socialistas de los distintos territorios para posicionarse en este asunto: «¿Los diputados extremeños o los castellanomanchegos votarán como si nada esta propuesta?¿Cómo lo verán esos territorios?», se preguntan.
Para lanzar estos mensajes, los altos cargos de Génova han viajado por toda España esta semana formulando estas mismas preguntas. La número dos del PP, Cuca Gamarra, estuvo en Toledo, desde donde preguntó a Emiliano García Page si estaba de acuerdo con el cambio en el delito de sedición. Algo que también hizo esta semana el número tres del partido, Elías Bendodo, que se desplazó a Zaragoza para inquirir a Javier Lambán.
Por su parte, Santiago Abascal anunció también el pasado lunes que el partido intentará frenar la reforma del delito de sedición en el Congreso pero, ante el previsible fracaso, acudirían al Tribunal Constitucional para presentar un recurso contra la nueva norma. A esta actuación se suma la petición de un referéndum para ilegalizar a los partidos separatistas y la convocatoria de dos manifestaciones en Barcelona, este sábado, y en Madrid el próximo domingo 27, para reproducir el clamor social que tomó las calles después del 1-O.
Vox invitó a todos los partidos y asociaciones a sumarse a sus marchas pero el Partido Popular ha declinado la oferta y no estará en ninguna de las dos concentraciones. Fuentes del PP consideran que «no tiene ningún sentido» que un partido vaya a una convocatoria hecha por otro, pero no descartan, en un futuro, asistir a otras manifestaciones impulsadas por plataformas de la sociedad civil.
El PP rechaza la moción de censura
Además de la vía parlamentaria, los tribunales y la calle, el partido de Abascal pidió al PP ejercer su «responsabilidad» para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, sacando pecho de la que presentaron ellos hace dos años. Abascal tendió la mano a Feijóo sumándose así también a la petición hecha por la líder de Cs, Inés Arrimadas, con la que después compartió impresiones en una conversación por teléfono, sin llegar a concretar ninguna actuación conjunta.
Desde Vox se quejan de que el líder del PP rechazara su propuesta apenas media hora después de haberla lanzado, por considerar que fue una reacción «irreflexiva» y «prematura». Los populares argumentan que no están dispuestos a que otros partidos «les marquen la agenda» y afean a Abascal y Arrimadas haber hecho su propuesta en los medios antes de habérselo comunicado en privado.
Una justificación que oculta su interés por evitar una nueva foto de Colón, como la que se produjo en 2019, cuando PP, Cs y Vox se unieron en la plaza madrileña después de que Pedro Sánchez se hubiera reunido en Barcelona con Quim Torra. De aquella instantánea los populares concluyeron que había servido para reforzar al PSOE que pudo vender su victimismo contra lo que llamó «el trifachito».
Lo que sí harán los populares en los próximos días será realizar actos por toda España en los que cargarán contra el Gobierno por estos dos escándalos y «los que seguro, aún estar por venir», aseguran desde Génova.
