Tras la polémica destapada por la Comunidad de Madrid, las principales asociaciones feministas de nuestro país se han dirigido a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, para advertirle de que la Ley Trans española «desactiva» la Ley Contra la Violencia de Género aprobada en el año 2004. Asimismo, las 13 organizaciones firmantes denuncian el «oscurantismo» que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría imponiendo a la hora de informar sobre el impacto que la polémica norma impulsada por Irene Montero estaría teniendo en diferentes ámbitos.
La misiva está firmada, entre otras, por la propia Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), la Fundación Mujeres, presidida por la también socialista Elena Valenciano, la Asociación de Juristas Themis o la conocida Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Todas ellas muestran su «creciente preocupación» por casos como los que la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ya remitió sin éxito a la ministra Ana Redondo, y que demuestran que hay hombres que estarían usando el cambio de sexo registral para eludir distintos aspectos de la mencionada norma.
Algunos de ellos incluso habrían solicitado ser atendidos en los mismos centros de atención a los que acuden sus víctimas. Sin embargo, tal y como subrayan las denunciantes, estos no serían los únicos casos registrados en España. «Distintas asociaciones y plataformas de todo el país estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo -aseguran en la carta remitida a la Relatora Especial de la ONU-. Una realidad que usted misma, Sra. Alsalem, ha podido investigar, analizar y acreditar en otros países donde se han ido aprobando leyes similares, que vulneran derechos de las mujeres amparados por el sistema internacional de Derechos Humanos universalmente reconocidos».
El escándalo destapado en Madrid, no obstante, no es el único que les preocupa. De la misma manera, las feministas hacen alusión a la creación de la asociación de Trans No Normativos, integrada por policías y militares, que han seguido el procedimiento de autodeterminación de sexo registral sin requisitos amparado por la Ley Trans. Según denuncian, estas personas «conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como mujeres en oposiciones, promociones internas y acceso a los beneficios establecidos en el marco de las acciones positivas para incentivar la presencia de mujeres en carreras profesionales donde se hallan infra representadas». Además, aseguran, «también reclaman acceso al uso de los espacios seguros para mujeres (baños, duchas, habitaciones, enfermerías en los acuartelamientos)».
La propia abogada de la asociación, Javier Sanz, ya reconoció en La Trinchera de esRadio lo mismo que ahora denuncian las feministas. «Con la Ley de Violencia de Género, la palabra de la víctima se hizo prueba. Con la Ley Trans, se ha hecho lo mismo: solo por decir que yo me siento trans, ya soy trans. En ambos casos, sin establecer medios para acreditar si esa denuncia o esa transición es cierta. Por tanto, ambas leyes se han superpuesto y, en la práctica, la Ley Trans anula la de Violencia de Género«, explicaba en una entrevista recogida por Libertad Digital el pasado 17 de marzo.
Los casos denunciados por la CAM
La mejor prueba de ello, sin embargo, la ponía sobre la mesa apenas 24 horas después la Comunidad de Madrid. Tal y como publicó LD, el pasado 18 de marzo, el Gobierno regional se dirigió a la ministra de Igualdad para informarle de que, según habían podido saber, al menos seis maltratadores se habían cambiado de sexo e incluso estaban pidiendo ser atendidos o atendidas -puesto que oficialmente ya son consideradas mujeres- en los mismos puntos municipales a los que acuden sus víctimas, una circunstancia que, tal y como subrayaban, «pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales» y, por tanto, al mismo sistema de protección.
«Hay que recordar que la posibilidad de solicitar el ingreso en casas de acogida es factible para cualquiera que recurra al cambio registral del sexo, como consecuencia de la aprobación de la mencionada Ley Trans española, que incluye la autodeterminación como elemento central de la norma», denuncian ahora las feministas en la carta remitida a la ONU.
Según la documentación que obra en poder de la Comunidad de Madrid, «uno de los casos se ha registrado en Madrid capital, donde un presunto agresor pidió entrar en un centro de acogida residencial para mujeres«. Algo similar ha sucedido en Coslada y también en Pozuelo de Alarcón, «donde otro presunto agresor ya declarado mujer en su DNI ha solicitado ser atendido en el mismo punto municipal en el que estaba siendo atendida su expareja«.
A los tres casos ya mencionados, se sumarían otros tres registrados en la Mancomunidad de Sierra Oeste. En dos de ellos, «el presunto agresor cambió de sexo en su DNI, lo que le evitará que la violencia que pueda ejercer en un futuro se sustancie a través de un procedimiento judicial de violencia de género». El último, sin embargo, es el más grave, por cuanto ya podría sortear esta ley a pesar de haber sido denunciado por agresión sexual. Según el Gobierno regional, su expareja fue a interponer una denuncia contra él y fue entonces cuando descubrió que se había cambiado de sexo y que, por tanto, no podrá ser juzgado bajo la ley de violencia de género.
Además, la Consejería de Asuntos Sociales también tiene constancias de que, en Móstoles, Velilla de San Antonio y en la Mancomunidad del Sudeste (MISECAM), «varios varones que han cambiado de sexo registral al femenino están pidiendo información sobre las ayudas a las víctimas de violencia de género», otro de los grandes temores de las feministas.
El «oscurantismo» del Gobierno
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, la ministra Ana Redondo despachó las denuncias de la Comunidad de Madrid asegurando que no había problema alguno, «en una rápida respuesta y sin entregar el análisis jurídico» que el Gobierno regional planteaba. Precisamente por eso, en la carta enviada a la Relatora Especial de la ONU, las organizaciones feministas también denuncian la falta de transparencia del Gobierno a la hora de informar sobre el impacto de la Ley Trans en diferentes ámbitos.
«Las respuestas negativas, incompletas o imprecisas a nuestras solicitudes han encontrado excusas como la falta de informatización de una parte de los Registros Civiles o una supuesta protección de datos personales de los afectados, a pesar de que nuestras demandas de información eran meramente numéricas, y en ningún caso se solicitó información que permitiese la identificación de ninguna persona», se quejan las firmantes, quienes aseguran que, ante esta actitud, no han tenido más remedio que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
«A pesar de que se han solicitado a los ministerios de Justicia e Interior datos que permitan conocer la situación real generada por el ficcionado jurídico del sexo registral, la falta de transparencia y de información mantiene un oscurantismo contrario al derecho al acceso a la información pública que dificulta conocer el impacto, en este y otros ámbitos, de la conocida como Ley Trans», resume la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, la más activa contra el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.
