Figuerola ya no es okupa

Según un estudio de Sociedad de tasación, que cita el portal inmobiliario Idealista.com, el precio de la vivienda en Barcelona subió entre finales de los 90 y la primera década del siglo XXI un 976%. Acceder a un piso se convirtió, paulatinamente, en un problema. Ahora mismo, alquilar es prohibitivo. Comprar, prácticamente una quimera. Hubo cientos de miles de desahucios por impago de hipoteca y se cuentan por miles las personas que abandonan la capital catalana hacia otras localidades en busca de rentas inferiores. Sin embargo, algunos se evitaron todas estas penalidades. Uno de ellos es el consejero de distrito del PDECat en Sarrià-Sant Gervasi Joan Figuerola Borràs.

Desde finales de los 80 y hasta hace apenas dos años, Figuerola nunca pagó alquiler. Y eso, a pesar de que moraba en un edificio propiedad del ayuntamiento. Alguien en el consistorio se olvidó de ir a cobrar el recibo. Ni Figuerola ni sus vecinos avisaron de que residían gratis allí. El matiz, en el caso de Figuerola, es que de un consejero de distrito, parte activa de la maquinaria municipal, se espera que vele por los ciudadanos, no que viva a su

El gobierno tuvo que amenazar con echarlo: no aceptaba el contrato, quería seguir gratis o con tarifa mínima

cargo.

La cerradura misteriosa

Cuando el equipo de Ada Colau llegó al gobierno municipal, se propuso escudriñar todo lo posible en busca de viviendas que dedicar al alquiler social. Y fue entonces cuando se decidió otorgar un piso a una familia vulnerable en un inmueble situado en Sarrià-Sant Gervasi, en el número 12 de la calle de Isaac Albéniz, al que se entra por el número 10 de Tres Reis. Personal municipal se personó en la finca en febrero del 2016 y comprobó con sorpresa que la llave de la puerta del piso en cuestión, el 4º 1ª, no abría. Allí hacía años que no vivía nadie no tenía sentido. Hasta que se supo que quien tenía la llave del 4º 1ª era la familia que vivía en el 4º 2ª, la de Figuerola.

El consistorio descubrió al mismo tiempo que no solo le habían ocupado un piso: en la práctica todos lo estaban. Porque tanto Figuerola como sus siete vecinos llevaban 27 años sin pagar el alquiler. En concreto, desde el 11 de enero de 1989. El edificio fue expropiado para un plan que al final no se hizo. El señor que, en nombre de la anterior propiedad, acudía a cobrar un domingo de cada mes ya no vino más. Entonces se pagaban aproximadamente unas 2.000 pesetas (12 euros) al mes. Y ya no fue nadie más a reclamar. Hasta febrero del 2016. Qué complicado tiene que ser empezar a pagar por algo que has tenido siempre por la patilla. Qué bajonazo, oiga.

Cuando se destapó el caso, el entonces concejal de Sarrià, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, abominó de lo sucedido y subrayó lo grave que era que un concejal de distrito hubiera callado en su favor. Más grave le pareció que ocupara el piso contiguo. Porque lo primero que quedó claro es que Figuerola fue quién cambió la cerradura del 4º 1ª. Varias veces acudió la Guardia Urbana a preguntar por esa vivienda y varias versiones dio el propio consejero de distrito: que allí vivía una familia que pasaba mucho tiempo en su pueblo. Falso: al consistorio le constaba que los antiguos inquilinos habían fallecido. A la tercera, aceptó que su hijo había ocupado la vivienda y lo justificó: estaba en paro. De hecho, intentó que le hicieran un contrato a su vástago, pero no acreditó la vulnerabilidad económica necesaria que justificara su acceso a una vivienda pública. Así que un día, cuando se habían iniciado los trámites para recuperar la vivienda, Figuerola júnior entregó la llave.

Un líder vecinal

Al ayuntamiento le quedaba entonces la compleja empresa de regularizar la situación de los inquilinos, de hacerles un contrato. Dicen los vecinos que Figuerola siempre les aconsejó que lo dejaran todo en sus manos, que él se encargaría de que no tuvieran problemas. Incluso les advirtió de que no hablaran con periodistas.

El consistorio recuperó tres de las viviendas, una de ellas la que había ocupado Júnior, y cerró dos contratos vitalicios con dos personas mayores, es de suponer que con una cuantía reducida, el ayuntamiento declina precisarlo. También acordó otros dos con precios ajustados a la situación económica de los dos vecinos. Uno de ellos es Figuerola: en adelante pagará 350 euros mensuales, cantidad que se revisará anualmente, y tendrá un contrato de cinco años que puede prorrogar otros cinco más. Solo podrá trasladar la titularidad del alquiler a su mujer, en caso de que él fallezca.

No parecen malas condiciones para quien ha obrado de una forma tan poco ejemplar: 350 euros es casi un tercio del alquiler medio en Barcelona, 855 euros y la cuarta parte del de Sarrià-Sant Gervasi, que supera los 1.200 euros. Y los contratos suelen ser solo de tres años. Pero a Figuerola sí le parecieron malas. El ayuntamiento tuvo que iniciar el proceso de desahucio de dos de los vecinos, porque rechazaban los contratos propuestos: querían pagar rentas muy reducidas o, directamente, seguir sin pagar. Ante la amenaza de quedarse en la calle, ambos firmaron. Uno de ellos era Figuerola.

En las décadas en las que no pagó, Figuerola, como sus vecinos, se ahorró unas 320 mensualidades. Al precio que pagará ahora, serían unos 113.000 euros. No los tendrá que devolver y sigue figurando entre los consejeros de Sarrià de la antigua Convergència. Por lo que cabe concluir que todo aquello del sudor de la frente, de que trabajar dignifica y de que Dios ayuda a quién más madruga es una milonga. Siempre ganan los listos.

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